1 de febrero de 2015 16:00

CorteIDH enjuiciará a Honduras por destitución de jueces 

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Diego Betancourt

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará mañana la audiencia por una demanda contra el Estado hondureño por los procesos administrativos y destitución de tres jueces y una magistrada, aparentemente por oponerse al golpe de Estado de 2009.

Este es el primer caso que llega a juicio a la CorteIDH, con sede en Costa Rica, relacionado al golpe de Estado contra el expresidente hondureño Manuel Zelaya.

La audiencia se extenderá todo el día y se llevará a cabo en la sede de la Corte, donde los jueces escucharán el testimonio de una de las presuntas víctimas, dos peritos y los alegatos finales de las partes.

El caso se refiere a los despidos de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.

Según la demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las presuntas víctimas eran parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual habría emitido su posición en rechazo del golpe.

Esa asociación publicó "diversos comunicados calificando los hechos como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional", indica la demanda.

La acusación agrega que los procesos disciplinarios contra los jueces y la magistrada fueron instaurados "con el objeto de sancionar los actos o expresiones que realizaron en contra del golpe de Estado".

El objetivo principal del caso es que el Estado modifique su legislación y reglamentos relacionados a los procesos administrativos contra funcionarios judiciales y que los cuatro demandantes sean reintegrados en sus cargos, según han dicho los mismos exjueces.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ONG que representa a las víctimas en este caso, ha informado de que una condena servirá para luchar contra la impunidad que existe en Honduras por diversas violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco del golpe de Estado.

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