El pedido del Colectivo Rafael Contigo Siempre sigue el proceso legal, pero no hay claridad en lo que viene ahora, después del dictamen de la Corte Constitucional (CC), que fue notificado a las partes el 21 de abril.
El documento dice que el pleno del organismo avaló el procedimiento planteado por el colectivo para enmendar la Constitución. Indican los magistrados que no se afectan derechos y que es posible hacerlo a través de un referendo.
El objetivo de la agrupación es derogar la disposición transitoria segunda de la Constitución, aprobada el pasado 3 de diciembre por la Asamblea, para permitir la reelección inmediata y consecutiva del presidente Rafael Correa.
Pero su abogado David Ochoa aclaró hoy, 25 de abril, que la pregunta planteada para hacerlo no ha sido calificada. Por lo tanto, a sus ojos, no pueden aún proceder con la recolección del 8% del padrón de firmas de respaldo (928 147).
El abogado recuerda que para el referendo de mayo de 2011, convocado por el Mandatario, la calificación del procedimiento y de las preguntas se dio al mismo tiempo. Así, asegura que la agrupación esperará que se complete el dictamen.
Pero el documento indica que una vez que la Corte “ha establecido que el procedimiento para que se lleve a efecto la modificación de la segunda disposición transitoria de la Constitución es vía enmienda constitucional conforme al artículo 441 numeral 1 de la norma, corresponde a las accionantes dar cumplimiento al requisito de legitimidad democrática establecido, en el citado artículo, esto es el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral nacional”.
De todas formas, Ochoa se mantiene en el argumento de que deben esperar, porque “es lo lógico”, ya que no se debería recolectar las firmas para después recién conocer si la pregunta está bien planteada o no, si por ejemplo “hay que cambiarle una coma”. Pero también acepta que no hay claridad en el procedimiento legal a seguir.
El dictamen favorable de la Corte Constitucional se dio el pasado 13 de abril, día en que los jueces decidieron sesionar a puerta cerrada, aunque la Ley de Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales manda que sus sesiones son públicas.