11 de January de 2010 00:00

Corte Suprema hondureña acepta denuncia contra militares golpistas

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Tegucigalpa, AFP

El presidente de la Corte Suprema de Honduras, Jorge Alberto Rivera, acogió este hoy una acusación de la Fiscalía contra seis jefes militares por abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente Manuel Zelaya el día del golpe de Estado de seis meses atrás.

Los seis jefes militares, incluido el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, deberán comparecer el jueves ante el juez para entregar sus testimonios sobre los hechos ocurridos ese día, dijo el jefe del departamento jurídico del Ejército, Juan Carlos Sánchez.

 La comparecencia de los jefes militares “es para que se lleve a cabo la declaratoria de los imputados ” , dijo Sánchez a la radioemisora HRN. Es “para que se discuta sobre el tema y decida el juez cuáles son las medidas a tomar ”

Si el juez determina que hay pruebas suficientes, abrirá un juicio.

La Fiscalía presentó a la Corte Suprema el miércoles pasado un requerimiento contra los seis jefes militares involucrados en el violento arresto y expulsión de Zelaya hacia Costa Rica, el 28 de junio de 2009, aunque el mandatario depuesto afirmó que se trata de un truco para lograr la impunidad de los oficiales, dado que se los acusa de delitos menores.

La decisión del juez coincide con el inicio de una semana crucial en la que el Congreso hondureño busca dar pasos que conduzcan a superar la crisis política, cuando debata una amnistía para todos los involucrados en el golpe.

“Debe haber perdón para todos”, sugirió el presidente electo Porfirio Lobo, que busca que el Congreso apruebe la amnistía.

“Los hondureños fueron a las urnas a votar por la paz y aquí no deben haber ni vencidos ni vencedores”, declaró Lobo, quien respaldó el golpe y ganó los comicios del 29 de noviembre, en los que votó menos del 50% del electorado.

Lobo, que asumirá el 27 de enero, sostiene que la amnistía es el primer paso para la reconciliación nacional, una de sus promesas de campaña.

Esa iniciativa, que excluye delitos comunes como enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, entre otros, es vista por quienes la apoyan como clave para que Honduras se reconcilie con el mundo.

 “Definitivamente es clave, siempre y cuando esa amnistía se pueda aprobar dentro de los límites que establecen la Constitución, las leyes y las atribuciones del Congreso”, dijo Germán Leitzelar, diputado electo del minoritario Partido Innovación y Unidad.

El canciller del gobierno de facto, Carlos López, afirmó este lunes al diario La Tribuna que la reconciliación llegará una vez que Lobo asuma el poder y argumentó que las elecciones fueron el primer paso.

López remarcó que “la situación es conocida; muchos gobiernos han suspendido su relación con Honduras”, pero “no será tan difícil restablecer relaciones para el gobierno entrante, principalmente por la realización de las elecciones”.

Zelaya, refugiado en la embajada de Brasil desde el 21 de septiembre, rechaza la amnistía y sostiene que los delitos que cometieron quienes dieron el golpe quedarán impunes.

Asimismo, la renuncia del presidente de facto Roberto Micheletti es otra exigencia que algunos países han hecho a Lobo para que su gobierno sea reconocido por la comunidad internacional.

Lobo espera que Micheletti, cuyo régimen ningún país reconoce, deje el poder antes de su toma de posesión, pero el gobernante de facto lo rechaza de plano.

 “Yo confío que (Micheletti) tomará la mejor decisión para el pueblo hondureño”, dijo Lobo.

En tanto, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, PJ Crowley, dijo hoy que Estados Unidos sigue concentrado en intentar resolver la crisis hondureña antes de la toma de posesión de Lobo.

“Continuamos alentando los esfuerzos para promover la reconciliación nacional. Y seguimos dando prioridad a las iniciativas que puedan tomar de aquí al 27 de enero”, dijo Crowley.


 

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