29 de febrero de 2016 00:00

Policías dados de baja por delitos respondieron con 80 demandas

Tras ser detenidos, los policías sospechosos fueron trasladados con vestimenta civil a la Unidad de Delitos Flagrantes de Ibarra, para la audiencia. Foto: Francisco Espinosa para EL COMERCIO

Tras ser detenidos, los policías sospechosos fueron trasladados con vestimenta civil a la Unidad de Delitos Flagrantes de Ibarra, para la audiencia. Foto: Francisco Espinosa para EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Una supuesta venta de droga se fraguaba por mensajes de texto. Quienes al parecer estaban detrás eran siete policías destinados al servicio comunitario de Ibarra, en Imbabura.

Ellos fueron detenidos el domingo 14 de febrero y la Fiscalía los acusa porque supuestamente traficaban drogas en grandes cantidades.

Este fue uno de los casos recientes en que, masivamente, uniformados en servicio activo se han visto vinculados con hechos delictivos. Por estas circunstancias, entre el 2013 y este año, 866 uniformados del país han sido dados de baja de la Policía, una institución en la cual operan 45 000 agentes.

Solo en lo que va de este año han salido 83, por “varios delitos y por no aprobar la prueba de confianza ni el polígrafo”.
Tráfico de drogas, sicariato, secuestro, extorsión, contrabando, robo... La lista de delitos en donde se han encontrado inmersos policías es larga.

El pasado viernes, incluso el general, que entre octubre del 2014 y julio del 2015 comandó a la Policía, quedó con prisión preventiva. Él es investigado por un presunto caso de corrupción en la entrega de pases policiales durante su gestión.

Pero los agentes desvinculados también han respondido y lo han hecho con 80 demandas por supuestas injurias (fijado en la anterior ley penal) contra el ministro José Serrano.

En las acciones legales advierten no tener vínculos con bandas delictivas y que se sienten afectados. Los siete uniformados detenidos en Ibarra también dijeron ser inocentes, pero ahora quedaron con prisión preventiva. En este caso, un equipo élite del GOE fue el que descubrió la droga.

La sustancia, supuestamente estaba escondida en la lavandería de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del barrio San Miguel Arcángel.

El agente Santiago J. contó todo el plan. Lo hizo después de que se le decomisó 983,3 gramos de cocaína mientras se movilizaba en un vehículo particular con vidrios oscuros.

El paquete, una funda plástica, habría estado escondido en la parte posterior de un asiento. Dijo que el alcaloide le entregaron cuatro compañeros, quienes le habrían pedido que vendiera el paquete para repartirse el dinero entre todos los involucrados.

En un principio le habrían ofrecido USD 700 por esa transacción, pero la negociación no se concretó. Informes de la Fiscalía revelan que después los seis compañeros de Santiago J. le habrían ofrecido USD 5 000 cada uno para que diga que él es el único implicado.

En septiembre pasado hubo otro caso similar. Esta vez el escenario fue Guayaquil. Allí fueron detenidos dos agentes que supuestamente enviaban droga al exterior.

El 17 de ese mes la Policía halló 133 paquetes de cocaína en el patrullero conducido por un sospechoso.
La droga debía salir camuflada en un contenedor, desde el puerto de Guayaquil.

Las autoridades anunciaron que seguirá la depuración. Pero los agentes que salen también dicen que presentarán más demandas. En marzo del 2015, un agente fue dado de baja porque no aprobó el detector de mentiras. Una pregunta que le plantearon fue si en un momento dado entregaría información sensible a los delincuentes. Él habló con EL COMERCIO y recuerda que ante la interrogante respondió que no, pero igual reprobó. “Después me enteré que fallé esa pregunta. Pero ya va a ser un año y no tengo resultados ni entiendo los verdaderos motivos por el que me sacaron”.

Después de conocer casos como estos, Serrano respondió así en Radio Quito: “Estoy dispuesto a ir a la cárcel, pero no permitiré que el país y la Policía se desinstitucionalice por tener personas vinculadas con bandas criminales que hacen daño a toda la sociedad”.

Es más, se anunció que el próximo mes se enviarán 600 declaraciones juramentadas y pruebas patrimoniales del Alto Mando policial, para que la Contraloría valide la información entregada.

Gonzalo Realpe, abogado de un grupo de gendarmes que fue sacado de la institución habló con este Diario y señaló que hubo una serie “de violaciones al debido proceso”.

Según él, quienes fueron señalados no pudieron defenderse y en los procesos disciplinarios no se “valoraron las pruebas a su favor”, como condecoraciones, medallas, reconocimientos y calificaciones en los cursos que realizaron sus clientes.

Por eso, las demandas se mantienen en instancias judiciales y no se descarta llevar los expedientes para que se conozca a escala internacional.

En el caso de Ibarra, la investigación fiscal determinó que en los mensajes de texto y en las fotografías se encontraron pruebas de que la presunta venta de la droga se planeaba hace días. Además encontraron audios guardados.

Por eso, la Fiscalía solicitó a la Unidad de Criminalística un peritaje del teléfono de uno de los que están detenidos. Por ahora, los sospechosos esperan nuevas diligencias.

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