2 de diciembre de 2016 00:00

La corrupción en Petroecuador salpica a 80 funcionarios y contratistas

Foto: Julio Estrella/ El COmercio Ma. José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización, dirigió las exposiciones.

María José Carrión, presidente de la Comisión de Fiscalización, dirigió las exposiciones. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO 

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Sara Ortiz

El caso Petroecuador desató reacciones luego de que la Fiscalía confirmara que se investiga al actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, por presunto perjurio. El vicepresidente Jorge Glas y candidato para esa dignidad, defendió al principal de la estatal petrolera. El jueves 1 de diciembre, en la posesión del nuevo gerente de la Refinería de Esmeraldas, el segundo mandatario sostuvo que la investigación contra Merizalde “tiene que archivarse”.

Este caso se desprende de un análisis a sus declaraciones juramentadas, en las que no reveló su ‘offshore’ Horgan Investments, creada en Panamá el 30 de diciembre del 2012.

“Se ha tratado de destruir la honra y de tergiversar la información... (Merizalde) con mucha frontalidad dijo al país que omitió declarar una empresa que nunca operó y lo demostró documentadamente en una rueda de prensa. Hizo la rectificación en la Contraloría...”, comentó Glas.

Lenín Moreno, candidato para la Presidencia junto con Glas, sostuvo que Merizalde debería salir de la estatal petrolera “por delicadeza”.

“Debe presentar la renuncia, no porque haya todavía indicio de culpabilidad, sino únicamente por delicadeza”, sostuvo el jueves Moreno en una entrevista con El ComercioTV.

Petroecuador, a través de un comunicado de prensa que no lleva la firma de Merizalde, pues se encuentra fuera del país, aclaró que el gerente “subsanó una omisión involuntaria” cuando no declaró la empresa entre sus bienes.

Según Petroecuador, su gerente no cometió ningún delito, infracción u omisión dentro del proceso, por lo cual el gerente pedirá a la Fiscalía el archivo de la indagación previa.

“Cuando he sido requerido he presentado la información y las explicaciones correspondientes ante todas las instancias, dejando clara constancia que no he cometido ningún delito o infracción”, señaló en el comunicado.

De hecho, tras la apertura de la indagación previa, Merizalde compareció voluntariamente ante el Fiscal. Allí dio su versión y presentó la documentación de descargo.

En la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, que investiga el caso Papeles de Panamá, comenzará a procesar la información que expusieron y entregaron las cuatro autoridades que comparecieron: el fiscal Galo Chiriboga, el contralor (con licencia) Carlos Pólit, el director del SRI, Leonardo Orlando, y el superintendente de Bancos, Christian Cruz.

La presidenta de la Mesa legislativa, María José Carrión, aseguró que en todos los casos se examinará “si las decisiones de las autoridades han sido oportunas, cómo fueron los tiempos procesales y si están de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal”.

La legisladora Marisol Peñafiel, integrante del organismo legislativo, sostuvo que lo primero que harán es confirmar la información entregada y luego se elaborará un informe. “Este es un tema prioritario, para la Comisión y otros legisladores”.

Pero la Mesa no tiene plazos reglamentarios para cerrar la investigación, pues los procesos avanzan en los organismos de control.

En la Legislatura también hubo críticas. La asambleísta Mae Montaño pidió el mismo trato de Merizalde para el fiscal Chiriboga. “Él tampoco declaró su ‘offhore’. Y no creo que tenga calidad moral para investigar estos hechos”.

En su presentación ante la Comisión, el Fiscal fue cuestionado por este hecho. Allí, aseguró que la compañía panameña Madrigal Finance Corp., la adquirió antes de ser funcionario público. Sus datos refieren que la compra se concretó en 1999 al estudio jurídico de Mossack Fonseca.

Por ahora, la Contraloría realiza un segundo examen a las declaraciones patrimoniales que el Fiscal entregó desde el 2010 hasta el 2016.

En la Refinería de Esmeraldas también se habló sobre los hechos de corrupción. El nuevo gerente, José Luis Cortázar, aprovechó su posesión para hacer un ofrecimiento: no dejar ni una sola piedra sin voltear hasta que se esclarezca de forma diáfana y transparente lo relacionado al proceso de rehabilitación de la Refinería.

En esta obra, calificada como “emblemática” para el Gobierno, se han invertido USD 2 369 millones. Cifras reveladas por Pólit indican que 181 contratos firmados alrededor de esta refinería son examinados y que en Petroecuador se han determinado 42 informes con indicios de responsabilidad penal. 38 son por peculado.

Por todo este caso de corrupción, la Fiscalía rastrea a 80 personas. Pero únicamente se han hecho públicos 24 nombres de quienes han sido procesados; es decir de los que ya tienen cargos en su contra. Cinco de estos están presos. El resto sigue en libertad, pues hay solo indicios de haber supuestamente participado en delitos como peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, perjurio, etc.

Entre los expedientes abiertos por la Fiscalía hay dos por lavado de dinero, en los que son investigadas 60 personas.

En este caso se han solicitado 15 asistencias penales internacionales a seis países y se ha pedido información de las transferencias realizadas en 30 cuentas bancarias. Esto lo confirmó Chiriboga.

Según él, los supuestos cabecillas de este entramado serían Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos y su subalterno, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.

Los dos están involucrados en las investigaciones por cohecho, enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de activos.

En la jornada del miércoles 30 de noviembre, la presentación de Chiriboga fue la más extensa: duró cinco horas y no contó con la presencia del legislador Christian Viteri, su principal crítico, pues está en España. Él advirtió que traerá pruebas sobre supuestas transferencias al exterior.

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