18 de June de 2009 00:00

Correa pidió detectar la fuga de información

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Redacción Judicial

Las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia ahora tienen la obligación de “detectar las fugas de información” de sus agencias.

En el proyecto de ley
El ministro de Defensa,  Javier Ponce, dijo que se sacará a FF.AA. de los comités que no tienen que ver con la  defensa, como del de licitación de Petroecuador. 
Cuando las capacidades   de la Policía sean rebasadas, Fuerzas Armadas podrá intervenir sin necesidad de que se declare el estado de excepción.     
El Ministerio de  Gobierno, con un análisis  interno previo, será  el encargado de definir cuándo pueden intervenir las FF.AA.     
El Ministerio de  Relaciones Exteriores integrará el  Comité de Seguridad, planteado en el proyecto de Ley de Seguridad. 


La normativa rige desde anteayer, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 1768 suscrito por el presidente Rafael Correa, publicado en el Registro Oficial 613. Dicho instrumento legal dio vida oficial a la Secretaría  de Inteligencia, en reemplazo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que estaba adscrita al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

El documento dice que los servicios de Inteligencia de la Policía, las FF.AA. y Carondelet deben precautelar que no se menoscaben las garantías constitucionales de los ciudadanos.
 
La Secretaría no está contemplada en la Ley de Seguridad Nacional, que rige desde 1979. De hecho, la Presidencia de la República propuso incluirla en el proyecto de  Ley de Seguridad Pública y del Estado, que   aún se debate en la  Comisión Legislativa.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, defendió la creación vía Decreto. “Queremos  entrar  a organizarla, porque el proceso es complejo: hay que seleccionar al personal, definir procedimientos. El Decreto dejará de regir cuando se apruebe la Ley”. La Secretaría  depende del Ministerio de Seguridad.
   
Según el Decreto, los funcionarios que laboran en la DNI podrán sumarse a la  Secretaría, con una    evaluación previa. “En caso de existir cargos innecesarios, el Secretario podrá aplicar un proceso de suspensión de puestos”.
En tanto, el  Gobierno busca legitimar el debate  del proyecto de  Ley de Seguridad. Ayer, Carvajal y el ministro de Defensa, Javier

Ponce, señalaron que es necesario el uso de fondos reservados para comprar información clasificada y financiar las operaciones secretas de la Policía y las FF.AA.

Carvajal dijo que el dinero   saldrá del Presupuesto del Estado y que el apoyo extranjero se receptará  a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. “No aceptaremos acuerdos verbales o que se den sin conocimiento de las autoridades”, agregó Ponce.

Destacaron que, con la nueva Ley, la información secreta podría  desclasificarse de forma inmediata, a través de un  pedido ciudadano o de algún ente judicial. “Eso se aplicará en los casos donde haya indicios de que se violaron los DD.HH.”, dijo Carvajal.
  
No podemos esperar, agregó, a que pasen 15 años -como ahora- para  acceder a la información que pudiera resolver un caso. “Eso tiene que hacerse público”.

En ese sentido, también se dijo que las acciones de Inteligencia contra ciudadanos se harán solo con la autorización de  juez competente.  “El juez podrá negarse a dar la orden si   no se justifica”.

El proyecto de Ley plantea  la creación del Comité de Seguridad en sustitución del Cosena, el cual tendrá la misión de definir las políticas  de seguridad e Inteligencia del Estado.

La  Secretaría de Inteligencia dependerá del Comité y  llevará a la práctica esas políticas.   El Mando militar cuestionó la semana pasada la propuesta de entregar a  la misma persona   la cabeza del Comité y de  la Secretaría.  Carvajal señaló ayer  que  se estudia una modificación: que el Comité sea dirigido por el Ministro de Seguridad y que  el Ejecutivo  nombre al principal de la  Secretaría (que puede ser civil o militar) con rango de viceministro.

Sin embargo, se conservaría la propuesta de otorgar al Presidente de la República las riendas de Inteligencia, lo cual es criticado por académicos como Bertha García y por militares en retiro.
 
Luis Hernández, coronel (r) y asambleísta de la comisión de Relaciones Exteriores que analiza el proyecto de Ley en la Comisión Legislativa, aseguró que si esto se concreta se faltará a un principio de democracia.

“La persona que dirija la Secretaría no puede trabajar directamente con el Presidente”, comentó. “Se necesita al menos dos filtros para que desarrolle un trabajo   independiente”.

Carvajal respondió que la Secretaría estará bajo la lupa de la Contraloría General del Estado, en lo referente a cuentas, y la  Asamblea, en el manejo político. “La Secretaría coordinará las acciones de Inteligencia en beneficio del Estado, no defenderá los intereses del Gobierno”, sostuvo.

El Decreto Ejecutivo 1768.  Anteayer, la nueva  Secretaría de Inteligencia adquirió vida jurídica.  Funcionará  hasta que se apruebe la Ley de Seguridad Pública.

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