30 de agosto de 2017 11:02

La cooperación del delator fue clave para imputar a Jorge Glas

El fiscal Carlos Baca Mancheno expuso el caso durante hora y media. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

El fiscal Carlos Baca Mancheno expuso el caso durante hora y media. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Al juez Miguel Jurado le tomó cuatro horas analizar los indicios expuestos el martes, 29 de agosto del 2017, en contra del vicepresidente Jorge Glas y los otros 10 sospechosos.

El magistrado reapareció en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) pasadas las 15:00. Desde el estrado anunció la prohibición de salida del país para Glas y el arresto domiciliario para el excontralor Carlos Pólit y para el exgerente de Petroecuador, Ramiro Carrillo, tal como lo solicitó el fiscal Carlos Baca en la mañana.

Para otros cuatros procesados se ordenó la prisión preventiva. Y para el resto -todos exdirectivos de Odebrecht- no se aplicó medidas cautelares, por solicitud del Fiscal general, tomando en cuenta que estas personas colaboraron con las investigaciones y aún pueden aportar datos importantes.

Con la decisión de Jurado, los 11 sospechosos fueron vinculados oficialmente al proceso de asociación ilícita, en el cual ya se indaga a siete personas más, entre estas a Ricardo Rivera, tío del Vicepresidente.

El martes, el Segundo Mandatario no llegó a la audiencia, pero sí sus simpatizantes. En la mañana, este Diario contabilizó unas 20 personas que se concentraron afuera del edificio judicial, en el norte de Quito.

Desde una esquina de la avenida Amazonas lanzaron consignas a favor del Vicepresidente y también defendieron la continuidad de la ‘revolución’. Otro grupo contrario cuestionó la corrupción en el país.

Mientras eso ocurría en las calles, adentro, en la sala judicial, el fiscal Baca relataba los indicios hallados en contra de los 11 sospechosos.

El funcionario habló primero de Glas y describió los documentos recopilados por la fiscal Diana Salazar, quien llevó el caso hasta la semana pasada.

Baca los enumeró uno por uno. Entre los indicios están las conversaciones que mantuvo Rivera con José Santos, exdirectivo de la constructora en Ecuador y vinculado ayer al expediente. En esas charlas, Rivera coordina reuniones con el Vicepresidente y le pide dinero para la campaña política.

Eduardo Franco, abogado del Vicepresidente, cuestionó la investigación de la Fiscalía y señaló que Glas no ha “perpetrado actos delictivos ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro”. Dijo estar seguro que será declarado inocente e insistió que no saldrá del país.

A Baca le tomó una hora y media exponer el caso. El fiscal reconoció que la cooperación del denominado ‘Colaborador 1’ (Santos) ha sido fundamental para rastrear la red de corrupción de la constructora.

Por eso, el funcionario no pidió medidas cautelares (prisión, vigilancia electrónica, orden de captura) en contra de los cuatro exdirectivos de Odebrecht. Ellos suscribieron acuerdos de cooperación eficaz con la Fiscalía y, según Baca, garantizarían el “éxito de las investigaciones” durante todo el proceso judicial.

De hecho, los audios, videos y chats entregados por el Colaborador 1 permitieron ayer imputar cargos en contra de Pólit, los exgerentes de Pdvsa, Alexis Arellano y Freddy Salas, y los abogados ecuatorianos Ricky Dávalos y Diego Cabrera.

Los nombres de los cinco sospechosos aparecen en los documentos facilitados por este cooperador. Según Baca, ellos tuvieron “un rol principal” en el esquema de corrupción y por eso se solicitó la prisión preventiva, salvo para Pólit, quien por su edad (66 años) se dispuso el arresto en casa.

Sin embargo, de ese grupo solo Cabrera permanece detenido. El excontralor, los venezolanos Arellano y Salas, y el ecuatoriano Dávalos ya abandonaron el país entre el 2015 e inicios del 2017, según los reportes migratorios. Del excontralor se sabe que está en Miami-Estados Unidos.

El 29 de agosto, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, cuestionó las medidas impuestas en contra de su cliente. Aseguró que él está dispuesto a retornar al Ecuador, siempre y cuando no exista orden de arresto.

El jurista “denunció al país” que el excontralor está siendo procesado en dos delitos distintos con las mismas pruebas, “lo cual es inconstitucional”.

Se refiere a los audios entregados por el Colaborador 1, en los que presuntamente se escucha al exfuncionario admitir que pedía dinero en efectivo por desvanecer glosas en contra de la constructora brasileña. Esos audios fueron utilizados por Baca para imputar cargos en contra del excontralor por los presuntos delitos de concusión y asociación ilícita.

Cabrera fue uno de los más señalados por el fiscal. En contra de él se recopilaron cinco indicios de su aparente intermediación en el pago de coimas. Entre las pruebas están sus estados financieros, en los que se observó vínculos con el Sai Bank, ente que operaba en Ecuador ilegalmente.El banco habría lavado USD 150 millones, no solo de Odebrecht, sino de otros casos, según Baca.

El abogado de Cabrera dijo que su cliente solo prestó servicios a empresarios.

En contexto

La investigación por posible asociación ilícita inició el 2 de junio pasado. Ese día, la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos en Quito, Guayaquil y Latacunga. Con la vinculación de las 11 personas, actualmente hay 18 procesados bajo este delito.

 

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