25 de March de 2010 00:00

Convulsión en Chimbo por decomiso de armas

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Modesto Moreta y Red. Judicial

Vinicio Veloz  se  sorprendió al observar  desde la ventana de su casa  10 buses y   10 camionetas repletos de policías del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

El hombre  trabaja en una lubricadora y vive en el barrio Los Pinos,  en el centro de Chimbo, en Bolívar. Eran  las 07:00 de ayer y por las principales calles de la localidad corrían  gendarmes, algunos     iban sobre caballos.

Luego de 20 minutos, Veloz escuchó  detonaciones. “Salí asustado y miré que decenas de  policías botaban bombas e ingresaban  a los talleres donde se fabrican armas. Estaban con cascos, toletes, chalecos, escudos y máscaras”.

En Chimbo, la confección de armas es una actividad tradicional. Hay  cerca de 90  talleres  en las comunidades  El Tambán, La Asunción, Susanga y en el centro de la localidad. Escopetas y pistolas valen entre USD 250 y USD 500.

 Mónica Zavala es dueña de un taller ubicado en el centro.  Relata que su familia confecciona armas desde hace 25 años.  “Esto es una herencia, una tradición de este pueblo. (Ayer) mis hijos y yo estábamos desayunando cuando de pronto ingresó un grupo de policías al taller. Dijeron que tenían una orden de allanamiento para llevarse las armas, el taladro, la tenaza, una cortadora de acero...”.

Estas herramientas, dijo la artesana, suman   USD 1 500. “Con la plata de la venta de armas educo y alimento a mis dos guaguas”.  Los pobladores aseguraron que la Policía llenó seis camiones con los artículos incautados. Este Diario constató que solo tres camiones llegaron al centro de Chimbo.

Laura Naranjo, vecina de El Tambán, aseguró que los policías tumbaron las puertas. “Los niños lloraban, las mujeres gritaban, lanzaron bombas. Fue horrible”.

El decomiso terminó al mediodía. Los artesanos salieron a las calles a protestar y llegaron hasta el  parque central. “No somos delincuentes”, reclamó Naranjo.

Las ambulancias del Cuerpo de Bomberos, del Subcentro de Salud y de la Cruz Roja socorrieron a los asfixiados y evacuaron  a los heridos. El sonido de las sirenas se convirtió en una constante.

Según Grace Barragán, funcionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos, hubo tres pobladores heridos con huellas de   perdigón:   Julio Guerrero,  Milton Muñoz y  Vinicio Fuentes, quién recibió un impacto en la cabeza.

Patricia Cruz, Karina Iza, Karina Mancero, Natalia Palacios (embarazadas)  y cuatro niños, en cambio,  estuvieron entre los atendidos por asfixia.  Teresa Gómez  sufrió un pánico nervioso. 17 personas ingresaron al Subcentro de Salud. En las calles se improvisaron  fogatas para  disipar el gas lacrimógeno arrojado por 600 policías que intervinieron.
A las 12:30, los  artesanos se reunieron con el gobernador de Bolívar, Carlos Villavicencio, y el fiscal Manuel Sánchez.

Según el Gobierno, el operativo se focalizó en 50 talleres clandestinos. Napoleón Guillén, presidente de la Asociación de Artesanos de Armas 22 de Abril, contó que su gremio tiene 43 socios. En el 2007, agregó,  la Asociación y otros artesanos  firmaron un convenio con el Ministerio de Educación para la fabricación de mobiliario para escuelas y colegios.

Esto era un parte de un plan para que los armeros cambiaran de actividad. “Se firmaron tres contratos para hacer 10 000 pupitres. Pero desde hace tres años no tenemos pedidos. Se volvió a confeccionar armas”, manifestó.

Guillén señaló que el Ministerio de Industrias entregó  un crédito no reembolsable a la Asociación por USD 72 000 para comprar maquinaria y para capacitarlos. Se  ofreció instalar una fábrica de puentes metálicos. “Por eso sorprendió  este operativo”.

 El fiscal  Sánchez, quien participó en el operativo, aseguró   que el  allanamiento fue autorizado por el  Juzgado Primero  de Garantías Penales de Bolívar y solicitado por el Ministerio de Gobierno y la Gobernación.  Pero Villavicencio dijo que “la Gobernación no  solicitó. Es un operativo nacional”.

La base legal es el acuerdo suscrito el 30 de junio del 2009, entre los Ministerios de Gobierno y de Defensa, que  prohibió el  porte de  armas de uso civil.

Según el Gobernador,  las herramientas  serán devueltas a los pobladores, al igual que las armas, cuando se verifique que tengan los permisos en regla”. El 30 de marzo se prevé un encuentro entre los artesanos y el Ministerio.

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