18 de marzo de 2018 00:00

Controversia privada del 2003 derivó en juicio contra el país

Una panorámica de la planta que generó una disputa entre la farmacéutica estadounidenses Merck Sharp & Dohme y la nacional Prophar. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Una panorámica de la planta que generó una disputa entre la farmacéutica estadounidenses Merck Sharp & Dohme y la nacional Prophar. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Evelyn Tapia
Redactora (I)

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Una disputa legal entre las farmacéuticas Merck Sharp & Dohme (MSDIA) y Prophar, por la venta de una pequeña planta de medicamentos valorada en USD 1,5 millones, terminó involucrando al Estado ecuatoriano, el cual puede verse obligado a indemnizar a MSDIA.

El 25 de enero pasado, la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), un tribunal internacional con sede en La Haya, emitió un laudo final parcial en el que le dio la razón a la estadounidense MSDIA, que demandó al Ecuador en el 2011 amparándose en un Tratado Bilateral de Inversión (TBI).

La Procuraduría General del Estado (PGE) ha gastado USD 6,7 millones en la defensa del país, que está a cargo de la firma Foley & Hoag. El valor, que incluye honorarios, expensas del tribunal y costos, equivale a más de cuatro veces el valor inicial de la planta industrial, que es el centro de la disputa.

MSDIA alega en el arbitraje que las cortes nacionales le denegaron justicia dentro de la disputa legal que tiene con la ecuatoriana Prophar.

Este lío entre empresas privadas se originó en el 2003, cuando Prophar (entonces Nifa) entró a negociar la compra de una pequeña planta de medicamentos, ubicada en el Valle de los Chillos, que le pertenecía a MSDIA.

Pero la multinacional vendió la planta a otra empresa, por lo que Prophar demandó a la estadounidense.

Con el argumento de que la multinacional cometió “cuasidelito civil de negativa de venta por actos de desorganización del competidor”, la empresa ecuatoriana pidió una indemnización de USD 200 millones por daños y perjuicios.

En el 2007, un juez segundo de lo Civil de Quito aceptó las pretensiones de Prophar, pero la firma estadounidense apeló en diferentes instancias.

Los fallos de las cortes locales siempre determinaron que MSDIA debía indemnizar a la farmacéutica ecuatoriana, aunque los montos se modificaron en tres ocasiones, según las conclusiones del laudo internacional parcial.

El primero fue de USD 1,5 millones y el segundo de 7,7 millones. Ambos fueron pagados por MSDIA, “con la esperanza de que al pagarlas se terminaría el litigio”, pero no fue así, argumentó la multinacional.

En el 2016, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dispuso una nueva compensación a la firma ecuatoriana: 41,9 millones, que MSDIA se negó a pagar.

“La resolución general en los tribunales ecuatorianos ha sido imponer a MSD la obligación de compensar a Prophar por el daño, sin ningún proceso previo adecuado para establecer en qué consiste, en realidad, dicho daño”, determina el texto del laudo.

A la empresa MSDIA le preocupa que aunque el tribunal arbitral internacional estableció que mientras dure el proceso se suspende la última decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), un juez de primera instancia reactivó el cobro de esa sentencia millonaria, el 2 de marzo pasado.

“Si la corte local ejecuta la sentencia y embargara nuestros activos, incluyendo medicamentos, se pondría en peligro el cuidado de los pacientes y los empleos de más de 40 personas”, manifestó Verónica Trulin, directora de Comunicación para América Latina de la compañía farmacéutica.

La siguiente etapa del arbitraje internacional será definir el monto que el Estado ecuatoriano debe reconocer a la firma estadounidense por daños. MSDIA anticipó que su reclamo incluirá lo que ha pagado a Prophar, la última sentencia de USD 41,9 millones si llega a ejecutarse, los costos procesales, de arbitraje, daños y perjuicios así como cualquier rubro adicional que resulte de la pérdida de su negocio en el país.

El tribunal internacional argumentó que su fallo a favor de MSD se dio debido a “la serie de acontecimientos que en su conjunto tienen todo el aspecto de un esfuerzo sistemático y decisivo de favorecer a la accionante, Prophar, en detrimento del inversionista extranjero”.

El mes pasado, el embajador de EE.UU. en Ecuador, Todd Chapman, dijo que los juicios que involucran a empresas estadounidenses están entre los 10 temas “irritantes” que Ecuador deberá solucionar antes de ir a un acuerdo comercial.

Para Cristian Espinosa, expresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, es trascendental que Ecuador respete la disposición del laudo, sobre todo porque intenta negociar nuevos tratados bilaterales de inversión con EE.UU. y otros 16 países.
“Sería una mala señal no respetar lo que dispone este laudo en el marco del Tratado Bilateral de Inversión que ya existía con EE.UU.”, comentó.

Para la Procuraduría, las reclamaciones de la compañía estadounidense carecen de fundamento. “Son inadmisibles y no están dentro de la competencia del tribunal porque para que se configure la denegación de justicia debió agotar los recursos previstos en la legislación ecuatoriana y no lo hizo”, anotó vía correo.

Y aunque no está de acuerdo con el laudo, aseguró que en reiteradas ocasiones ha comunicado a los jueces que se encuentran vigentes las medidas provisionales dictadas por el Tribunal Arbitral.

Este Diario buscó desde el jueves pasado la versión de Prophar. El abogado de la firma, Juan Carlos Andrade, ofreció dar una entrevista sobre el tema mañana.

Cronología

17/12/2007

Un juez segundo de lo Civil de Quito dispuso que MSDIA pague a Prophar USD 200 millones, aceptando la demanda por daños y perjuicios que planteó la empresa ecuatoriana en el 2003.

02/12/2011


Se notificó al Estado que MSDIA demandó al país por denegación de justicia, al no haberle brindado garantías judiciales dentro del juicio iniciado en su contra por la compañía Prophar.

16/09/2016

La Corte Nacional de Justicia dispuso que Merck Sharp & Dohme debía pagar USD 41,9 millones a la firma nacional que la demandó, por concepto de indemnización por daños y perjuicios.

25/01/2018


Un tribunal internacional emitió un laudo parcial final, en el que determinó la responsabilidad del Estado por denegación de justicia y por violación de los derechos de la empresa inversionista.

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