16 de junio de 2017 00:00

El control a la informalidad en Quito rebasa a los policías municipales

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María Belén Merizalde
Redactora (I)
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Alimentos, bebidas, artículos electrónicos y otros productos se ofertan a diario en las intersecciones semaforizadas de las principales vías de la capital, develando un incremento del comercio informal.

Puede ser el reflejo de la crisis económica, pero obliga al Municipio a articularse mejor para mantener el orden en la ciudad, sostiene Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio de Quito.

Para Zapata, los 1 300 policías metropolitanos que controlan el espacio público no son suficientes para vigilar además las intersecciones semaforizadas. Por eso se estudiarán protocolos con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para que los agentes civiles de Tránsito controlen el comercio informal en estos lugares.

“Vamos a generar un trabajo conjunto con la AMT, porque esta actividad constituye una contravención de tránsito”.

Al consultar a un agente de tránsito sobre el control a los comerciantes que se ubican en los parterres, vías o semáforos, este señaló que “no pueden hacer nada, porque su función es vigilar el tránsito”. Pero si hay nuevas disposiciones de las autoridades municipales “efectuarían el control de forma respetuosa”. Sin embargo, reconoce que no es fácil retirarlos de las vías.

Marcelo Cargua, responsable de la Gestión Operativa de la Policía Metropolitana, señaló que solo existen 600 uniformados que se encuentran a cargo del control del espacio público, por lo que considera que sería “un apoyo enorme” contar con la participación de los agentes de Tránsito. “Las instituciones que componemos el Municipio de Quito estamos buscando las mejores estrategias con el fin de trabajar en conjunto y dar soluciones a esta problemática”, dijo.

Según cifras de la Policía Metropolitana, se estima que hay al menos 24 000 comerciantes informales desplegados en todo el Distrito Metropolitano de Quito y 4 700 autónomos regularizados, quienes están registrados en la Agencia Distrital de Comercio.

“Es fundamental que los señores comerciantes se acerquen a las administraciones zonales para que puedan conocer sobre los procesos de regularización. Queremos que entiendan que eso no quiere decir que no se permite que trabajen, solo buscamos mantener el orden”, dijo Cargua.

El artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de las contravenciones de tránsito de séptima clase, en su numeral 11 señala que quien ejerza actividad comercial sobre zonas de seguridad peatonal o calzadas será sancionada con el 5% de un salario general básico unificado. Y para la sanción a peatones solo se aplicará la multa pecuniaria.

Johana Aguirre, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), señaló que “es competencia de los agentes civiles de Tránsito el control de las actividades económicas que se realizan tanto en la acera como en las vías y de la Policía Metropolitana el control del espacio público.

Este Diario solicitó una entrevista a la AMT para conocer cómo se efectuarían los controles a los comerciantes autónomos por parte de los agentes civiles de tránsito.

A través de un comunicado dijo que se llevan a cabo controles diarios sobre los “vehículos que realizan comercio autónomo en zonas no permitidas” y que ha venido trabajando en la sanción de “aquellos carros que hacen uso indebido del espacio público obstaculizando garajes, ocupando veredas u obstruyendo el paso peatonal y los pasos cebras”.

Kimberly Guano es comerciante informal desde hace dos años. La situación económica la obligó a salir a las calles a vender jugos de frutas. Considera que es necesario que el Municipio dé permisos para trabajar en los semáforos. “Hasta aquí nadie nos ha controlado, podemos realizar nuestra actividad en paz. Si las autoridades empiezan a sancionarnos nos estarían quitando el pan de la boca”.

Otros comerciantes, que prefirieron omitir su identidad, coincidieron en señalar que “muchos de los comerciantes que hoy se observan en las calles son extranjeros, lo que ha incrementado las ventas informales”.

“Cada vendedor tiene una historia detrás, seamos ecuatorianos o de otros países. Lo que buscamos es salir adelante honradamente, pero necesitamos que las autoridades nos apoyen, no que nos persigan”, dijo uno de ellos.

La Ordenanza Municipal 280 señala que el permiso metropolitano es el único documento habilitante para los trabajadores autónomos en los espacios destinados por el Municipio de Quito.

En caso de incumplimiento de la Ordenanza, las entidades de control como la Policía Metropolitana y la Agencia Metropolitana de Control son las que realizan llamados de atención o, como medida cautelar, retiran la mercadería. Se puede llegar a procesos administrativos por reincidencia.

En contexto
En Quito hay alrededor de 24 000 comerciantes autónomos que salen a vender sus productos en la calle. El Municipio plantea soluciones para ayudar a la Policía Metropolitana a realizar sus labores de vigilancia sobre las ventas en lugares

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