11 de enero del 2017 00:00

Control de los fondos de campaña es débil

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Adriana Noboa
politica@elcomercio.com (I)

Los tesoreros de campaña de los partidos políticos tienen la obligación de transparentar quiénes han sido todos sus aportantes y de dónde salió el dinero utilizado.

Pero todos los informes de control y las sanciones relacionadas, como reconoce el Consejo Nacional Electoral (CNE), son posteriores a los comicios. Eso es un problema, según Simón Pachano, analista político. Cualquier irregularidad se conoce cuando la autoridad está en el poder.

Además, en el artículo 211 del Código de la Democracia se establece que el CNE debe publicar durante y después del proceso electoral, “toda la información relativa al financiamiento”, en su página web. Pero Fausto Camacho, exvocal de la autoridad electoral, recuerda que no se ha cumplido.

La información disponible es incompleta o parcial. Camacho cree que debería implementarse un sistema donde los tesoreros ingresen diariamente sus ingresos y egresos. Y que pueda ser consultado por la ciudadanía.

El conocer el origen, monto y destino de los fondos privados previene que haya “dinero sucio” en la campaña. Que grupos económicos o personas quieran comprar favores y que se utilicen fondos públicos, explica Pachano.

Es difícil saber, por ejemplo, si el partido ha declarado el aporte de todos los financistas. En 1999, durante la crisis bancaria, se conoció que ingresaron USD 3 millones de Fernando Aspiazu a la campaña del presidente Jamil Mahuad, que nunca fueron declarados.

Milton Paredes, coordinador de Participación Política del CNE, dice que, en cuanto a “dinero sucio”, en el país no se han tramitado casos de ingreso de fondos provenientes de actividades ilícitas.

Pero en la región sí hay ejemplos. El expresidente colombiano Ernesto Samper admitió, una década después de ocupar el cargo, que a su campaña ingresaron fondos del narcotráfico. Si en Ecuador se registrara un caso así, la justicia ordinaria lo trataría.

Paredes recuerda que en el país hay dos tipos de financiamiento: los fondos públicos para promoción electoral (medios) y los fondos privados.

Los privados pueden utilizarse para la difusión de planes de gobierno y candidaturas; mítines, caravanas, tarimas y renta de lugares.

Una vez concluidas las elecciones, los responsables del manejo económico tienen 90 días para presentar sus informes. El CNE los verifica y si el límite es excedido, la multa es por el doble de lo superado.

Paredes sostiene que todos estos informes son transparentados. Sin embargo, hasta ayer, en la web del CNE había solo el informe general sobre los gastos totales de cada lista en 2014, pero no el desglose. Y sobre las del 2013 no hay datos.

Camacho señala que estos informes recibidos por el CNE tampoco son difundidos. La norma se contradice al calificarlos de reservados hasta su juzgamiento.

¿Cómo se financian?

Gilmar Gutiérrez, presidente del PSP, cuenta que tienen escasos recursos para esta campaña. El partido no apoya a los candidatos económicamente, pero sí con participación de los militantes.

En la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, su presidenta nacional, explica que hay autogestión; organizan peñas, rifas, cocteles. Tanto Andrade como Gutiérrez cuentan que en sus partidos sí se hace control interno.

Pascual del Cioppo, presidente del PSC, indica que para las listas de legisladores nacionales y parlamentarios andinos solo han recibido fondos de los dirigentes, militantes y candidatos, ya sea en efectivo o especies (por ejemplo camisetas). Las listas provinciales tienen independencia para actuar y de los gastos del binomio se encarga un comité.

Paredes aclara que lo que se ha encontrado en elecciones pasadas es exceso de aportaciones privadas. El límite para personas naturales es del 5% del total del gasto permitido, los candidatos pueden aportar hasta con el 10% y las organizaciones políticas hasta el 50%. Las personas jurídicas no pueden aportar.

Para estas elecciones los montos máximos son USD 1 922 504 para binomios, 1 922 504 para asambleístas nacionales, 640 834 para parlamentarios andinos, mientras que en cada provincia varía según el número de votantes.

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