27 de July de 2009 00:00

Los contratos, afectados por tres vicios

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Equipo de  Investigación.  Coordinador:  Arturo Torres. Reportería:  Geovanny Tipanluisa, Pamela Parra, César Augusto Sosa, Mónica Orozco  y   Edwin Alcarás

Bajo el paraguas de los decretos de   emergencia,  el  gobierno de la revolución ciudadana asignó  USD 2 886 millones para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública. 

De ese monto, USD 2 100 millones se invirtieron en 86 contratos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 299 millones en 500 contratos desde Salud y 487 millones en 57 convenios desde Petroproducción.    

Pese a que las emergencias también se aplicaron en otros campos, este Diario  hizo un muestreo detallado de  las contrataciones en las áreas señaladas, porque representan las inversiones más significativas. En esa revisión  detectamos   una serie de anomalías, que evidencian que en muchos  casos la emergencia, al parecer,  no se justificó.



643
CONTRATOS
se firmaron como  emergencias en Salud, Obras Públicas
y Energía.

El artículo 6 de la Ley de Contratación Pública dice que la emergencia es un “acontecimiento grave, como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito (...)”. 

Los decretos, firmados por el presidente Rafael Correa y los ministros de cada área, justifican la contratación para agilitar la entrega de las obras o los insumos y equipos, sin pasar por la etapa precontractual, que toma varias semanas y hasta meses.    

Sin embargo, al hacer contrataciones directas, sin licitaciones, se escogieron compañías sin verificar su capacidad real  para la ejecución, por lo cual más del 60% tiene serios retrasos (obras viales); en varios casos se seleccionaron  las ofertas más onerosas (Salud), se entregaron obras a personas naturales y a firmas con razones sociales distintas a la naturaleza del proyecto.   

Solo una muestra:  la  compañía Abetul, que fue contratada para la iluminación de la vía Puerto-Aeropuerto (Manta), por USD 1 404 962, y para la iluminación del puente Gómez Rendón (Guayas), por un  monto de USD 420 000.  

En el objeto social, registrado en la Superintendencia de Compañías, dice que la empresa  se dedica al desarrollo y explotación agrícola.



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Algo similar ocurre con la firma  Consermin SA. Su objeto social es la prestación de servicios complementarios a la minería. A pesar de ello se le asignó la rehabilitación de  carreteras y puentes en Sucumbíos y Chimborazo, por USD 87, 6 millones .

La Contraloría investigó esta contratación en enero pasado, ante una denuncia del asambleísta Galo Lara contra el  ex ministro de Obras Públicas, Jorge Marún.  Según él, se pasó por alto el artículo 150 de   la Ley de Contratación Pública (LCP). Allí  se especifica que el objeto social de una empresa tiene que estar debidamente concretado. 

Adicionalmente, el artículo  261 precisa que “es necesario determinar los fines a los que se dedicará la compañía y que en caso de realizar operaciones ajenas a su objeto, significará la violación de las obligaciones de la administración”.

Marún  tiene su explicación. Para él,  las empresas fueron escogidas por su experiencia en construcciones y en contratación con el Estado. “Además,  se les asignó porque tenían  residencia cercana a las vías afectadas”. La Contraloría archivó la denuncia.

La empresa Odorisio SA  también es cuestionada. Su objeto social es la elaboración y comercialización de juguetes y juegos infantiles, pero se le adjudicó el arreglo de la vía La Concordia-Puerto Nuevo, (Manabí)  por USD 7 806 239. “Adjudicar contratos a compañías no aptas, a pesar de expresas disposiciones legales, evidencia que Marún quería beneficiar a determinadas personas”, comenta Lara.

Pero Marún insiste en que los convenios no pasaron por un  proceso normal de contratación  porque era urgente mejorar las vías. “Los concursos públicos demoran entre   seis y siete meses y había que considerar que las arterias  se encontraban   destruidas”.

Xavier Casal, actual ministro del MTOP,  reconoce  que el contratar tantas obras ocasiona trabas administrativas y técnicas a largo plazo. “Con esta vorágine de contratación, para cumplir con las expectativas del Presidente en tan corto tiempo, era evidente la gran cantidad de problemas que  iba a presentarse”.

La causal de emergencia por el invierno otorgó a 17 compañías la adjudicación de carreteras.

Una  es la vía  Palestina-Vinces, entregada a Carlos Morocho, por USD 5 133 876. El Ministerio le dio  el anticipo del 50% (USD 2 586 938), el 5 de noviembre de 2008, a un plazo de nueve meses.  La obra debía estar concluida para este 5 de agosto. No obstante,  según el avance físico constatado por  el MTOP, esta no tiene más que un 38% de adelanto y continúa en ejecución.

Otro justificativo fue la peligrosidad en algunas vías , según Marún. Por ejemplo, la carretera San Antonio-La Margarita-San Vicente, adjudicada al Con-
sorcio Manavial, y en ejecución desde el 28 de julio de 2008 tuvo un plazo de 15 meses.

Los trabajos debían terminar este octubre, pero el avance actualmente apenas  es del  11%. Según  Jorge Rodríguez, ex miembro de la Comisión Anticorrupción, “para contratar a dedo” se  omitió lo que señala la Ley como una causa real de emergencia: un desastre natural.  Además -agrega-  el caso de accidentes es  subjetivo, “pero solo debería darse si toda la población está  afectada”.

Otra evidencia: En la iluminación del puente Gómez Rendón, a cargo de Abetul,  el Ministerio desembolsó los recursos porque   era “urgente la iluminación”, lo cual no tiene nada que ver con la emergencia vial.


Las garantías, con demoras

Según la Ley, el plazo establecido para la entrega de las garantías de fiel cumplimiento es antes o en el momento de la firma del contrato y en el caso de la garantía de buen uso de anticipo es previo a su  desembolso.

Sin embargo, el contrato de Carlos Morocho Duque, por la rehabilitación de la vía Palestina-Vinces (Los Ríos) se firmó el 22 de enero de 2008 y la garantía de fiel cumplimiento se entregó el 5 de noviembre del mismo año, es decir nueve meses después.

Otro caso es el de la contratista Jesús del Gran Poder. A la empresa se le  entregó el anticipo por la rehabilitación de los caminos vecinales (Cañar), el 10 de julio de 2008,  y la constructora entregó su garantía el 12 de noviembre del mismo año.

Antonio López, consultor de la Ley de Contratación Pública, señaló que nunca se puede firmar un contrato sin que la empresa contratada entregue la garantía de fiel cumplimiento.

“Las garantías son el respaldo que tiene el Estado para el cumplimiento de los trabajos y deben estar bajo la custodia del Departamento Financiero de la entidad contratante”.  Según López, la autoridad del Ministerio es la  responsable directa de su recepción,  como lo estipula la Ley.

El ex ministro Jorge Marún dijo que nunca se entregaron anticipos sin las respectivas garantías. Además, indicó  que los documentos en los que Lara se sustentó para su denuncia fueron los pedidos que se realizaban después de tres meses, para renovar los  pedidos anteriormente.

Con él coincide el actual ministro, Xavier Casal. Él asegura que las garantías se encuentran bajo llave en la Tesorería de la entidad.  De todas formas, el funcionario pidió informes detallados sobre todos los procedimientos de contratación, para determinar si hubo o no anomalías y, de ser el caso,  tomar los correctivos correspondientes.

Convenios con sobreprecios

Al no aplicar   los procesos precontractuales no se llevó a cabo la competencia de ofertas y precios entre las empresas contratistas. El MTOP elaboró un presupuesto al que la compañía  debía  adherirse. Pero esto no significó que los costos  unitarios de los materiales   serían únicos en todos los contratos.

Por ejemplo, el precio unitario del hormigón estructural de cemento Portland, clase B, código 503 (2), en la terminación de La Concordia-Puerto Nuevo, a cargo de Odorisio SA, estuvo estipulado en USD 129. El mismo código 503(2), en la rehabilitación de la carretera Cumbe-Oña, a cargo de Verdu y  H&H, se estipuló en USD 137.

La Subsecretaría de Obras Públicas y Comunicaciones del MTOP es la encargada de revisar los precios en los contratos.  En el memorando Nº 3391, el ex subsecretario Rafael Pezo Zúñiga le indicó al ex ministro Marún un sobreprecio en la vía Santo Domingo-Jujan, adjudicada a la empresa Hidalgo&Hidalgo, a un costo de USD 35 817 835.

En el documento (ver facsímil), Pezo señaló que después de realizar el sondeo de mercado concluyó que el valor se encontraba  dentro de un rango de USD 10 000  a USD 15 000 por km, y no de USD 75 061,  como consta en las bases analizadas. Adicionalmente, dijo que la cantidad “representa un costo excesivo de 5 a 7 veces con respecto al promedio referencial que normalmente se utiliza en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas”. Pese a la observación, el contrato se firmó con el mismo precio.

Marún afirmó que todos los contratos cuentan con los informes de la Procuraduría y la Contraloría.   Sin embargo, en esos documentos las autoridades de esas entidades  aducen que la responsabilidad para determinar la emergencia, analizar los aspectos técnicos y verificar los costos la tiene la autoridad del MTOP.

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