29 de January de 2010 00:00

La Contraloría revisa el manejo de recursos de la Fiscalía, por el caso Emme

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Redacción Judicial
 
 
La Contraloría General del Estado abrió dos “verificaciones preliminares” para revisar el uso de los recursos públicos de la Fiscalía, frente al caso Emme. En dos comunicados, el organismo de control señaló que se ha dispuesto a la Dirección de Auditoría 1 el análisis del uso  de los vehículos en la Fiscalía General del Estado y de los gastos de publicidad dispuestos por 65 funcionarios, también de la Fiscalía.

En torno al primer caso, refirió: “El objetivo de la acción de control es establecer si amerita o no realizar un examen especial al uso de los vehículos oficiales en la Fiscalía General del Estado, y, particularmente en lo relacionado al accidente ocurrido el pasado 14 de enero del presente año”.



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Ese día, un vehículo de la Fiscalía atropelló a Natalia Emme, de 26 años, quien falleció. El automotor circulaba por el carril exclusivo de la Metrovía, en la av. América, norte de Quito. En él se movilizaba Aliz Borja, esposa del fiscal general del Estado, Washington Pesántez.

Según testigos, la mujer conducía. Según el parte policial, lo hacía el policía Wilson Velasteguí, asignado a la seguridad del Fiscal General.

La Contraloría señaló hoy que también inició una “verificación preliminar, en la Fiscalía General del Estado, al pago  de la publicación de prensa aparecida el 19 de enero del presente año, suscrita por los fiscales”.
 
El 19 de enero, 65 funcionarios de la Fiscalía (23 fiscales distritales, 10 directores nacionales y 32 miembros de la Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía) publicaron en EL COMERCIO un remitido, en el cual señalaban que el vehículo era conducido por Velasteguí. También decían que Emme cruzó la vía de forma intempestiva, hablando por teléfono celular (lo cual no consta en el parte policial), entre otros hechos. Lo hicieron para solidarizarse con Pesántez y su esposa.

El último martes, la Asamblea Nacional exhortó al fiscal Pesántez para que renuncie y destituya a los 65 funcionarios, por haber adelantado criterio, cuando el caso todavía está en investigación en un juzgado de primera instancia. Uno de los firmantes fue Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha, quien en caso de apelación podría conocer el proceso penal. Un día después, Pesántez dijo que no renunciaría y no destituyó a los funcionarios, pero dispuso el inicio de sumarios administrativos contra ellos. 

La Contraloría dijo hoy que la “verificación es realizada en apego a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la  Contraloría General del Estado, y 18 de su Reglamento, y fue autorizada mediante memorando 153-DA1 de 28 de enero de 2010”.
 
El análisis del pago de la publicidad durará 5 días. El del uso de un vehículo de la Fiscalía, 10, dijo la Contraloría.

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