28 de junio de 2016 10:52

La Contraloría investiga a entidades que no aseguraron bienes públicos

La Unidad Educativa del Milenio en Pedernales quedó destruida tras el sismo de abril. Foto: Julio Estrella / El Comercio

La Unidad Educativa del Milenio en Pedernales quedó destruida tras el sismo de abril. Foto: Julio Estrella / El Comercio

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Redacción Sociedad

El ministro de Educación, Augusto Espinosa, dijo ayer (27 de junio) que no teme a la posibilidad de que se inicie un juicio político en su contra. Él no cree que se perjudicó al Estado al no asegurar las unidades educativas del milenio.

El problema se da tras conocer que las escuelas y colegios, incluidas las 63 unidades educativas del milenio, no estaban aseguradas. La de Pedernales, inaugurada en el 2013, quedó destruida por el sismo del pasado 16 de abril.

La Contraloría General del Estado, luego del terremoto, emitió órdenes de trabajo para inicio de exámenes especiales y verificaciones previas. Esto para determinar responsabilidades administrativas o civiles culposas e indicos de responsabilidad penal en gestiones sujetas a su control. Específicamente comprobar el cumplimiento del Reglamento de administración y control de bienes del sector público.

Ayer, la Contraloría publicó un comunicado en el que hizo puntualizaciones sobre la necesidad de contar con seguros para los bienes públicos. Señala que existe un Reglamento de Administración y Control.

En el artículo 5 se aclara que la protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir. También, manda que se veri­fiquen periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas.

Espinosa argumentó que en el Reglamento no se especifica qué tipos de bienes públicos se deben asegurar: productivos o de larga duración, por ejemplo. Además, en esa disposición, comentó, no se ha hecho un análisis de un real beneficio del Estado. En diálogo con los medios puso valores reales para calcular cuánto, supuestamente, se ahorró el Estado.

Según sus cifras, el Estado debería pagar USD 9,2 millones anuales por el seguro solo por bienes de Educación. En 25 años la suma llegaría a USD 223 millones. En caso de que se pierda el 10% de la infraestructura, la aseguradora pagaría USD 90 millones; mientras que el Estado habría pagado USD 248 por seguros en ese tiempo. “La pérdida neta habría sido de USD 157 millones”.

Para el asambleísta por Avanza, Byron Pacheco, no es una opción acatar o no la ley. Por eso impulsa el juicio político en contra de Espinosa. También señaló que el Ministerio de Salud no habría asegurado el Hospital Napoleón Dávila de Chone.

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