Redacción Judicial
El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, formulará cargos por presunto peculado en contra de la ministra de Salud, Caroline Chang, “fundamentándose en el informe que la Contraloría entregó el 22 de septiembre de 2009”.
Así lo informó este mediodía la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado. “El informe del examen especial realizado por la Contraloría al proceso de contratación de las 115 ambulancias determinó indicios de responsabilidad penal”, dice el escrito. “La Fiscalía –continúa el texto- actúa sujeta a la ley, con imparcialidad y objetividad en defensa de los intereses del sociedad y del Estado ecuatoriano”.
El lunes, el fiscal Alvear pidió a la Corte Nacional de Justicia que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Chang, otros seis funcionarios del Comité de Emergencia del Ministerio de Salud y el representante de la firma contratista, por la compra de ambulancias, en 2007.
Ayer, la Fiscalía aseveró que existen indicios para acusar a las ocho personas por presunto peculado (mal uso de fondos públicos) en dicha adquisición. El Estado invirtió USD 3,9 millones en las ambulancias.
Los vehículos fueron vendidos por Euromedical. En julio, una investigación de este Diario reveló que los automotores originalmente fueron furgonetas, las cuales luego fueron acondicionadas como ambulancias. Algunas de ellas se deterioran paulatinamente.
Esta mañana, la ministra Chang, en rueda de prensa, defendió la adquisición y señaló que la investigación de la Fiscalía no tiene fundamento.
Chang aseguró, en rueda de prensa, que la adquisición se basó en la Ley. Señaló que la Fiscalía actúa bajo presiones políticas, específicamente del asambleísta (PSC) Leonardo Viteri, quien a mitad de año presentó una demanda en contra de la funcionaria por la compra de las ambulancias.
“Lamentablemente la Fiscalía se apresuró sin haber revisado correctamente los informes de la Contraloría, en donde no hay indicios de responsabilidad penal contra la Ministra de Salud”, dijo Chang. “Incluso (la Fiscalía) no cumplió con uno de los requisitos que es llamar a declarar a quienes se encuentran señalados en el proceso”.
El art. 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, obliga a la Fiscalía a iniciar el proceso penal, cuando un informe emitido por dicha entidad establece indicios de responsabilidad penal, dijo el organismo de investigación penal en su comunicado.