29 de noviembre de 2017 23:05

Contraloría determinó que se pagó ilegalmente pensiones con deuda

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Gabriela Quiroz y
Mónica Orozco (I)

La colocación de bonos por más de USD 1 200 millones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sirvieron para pagar el 40% de las pensiones jubilares, desde el 2010. Estos gastos son considerados permanentes y no deben ser cubiertos con deuda.

La Contraloría, en un reciente examen a los procesos de endeudamiento público, reveló que el ex-Ministro de Finanzas y el ex-Subsecretario de Financiamiento Público de ese entonces autorizaron esta colocación, bajo la figura de “dación en pago”, por USD 585,2 millones, en 2014 y 2015.

“…Estos gastos son permanentes y como tal debieron ser transferidos mensualmente al IESS por parte del Ministerio de Finanzas conforme lo establecen los arts. 371 de la Constitución y 237 de la Ley de Seguridad Social, disposición que el Ministro de Finanzas no cumplió…”, señala el informe.

El pago se efectuó mediante bonos a un plazo de 12 años con seis años y medio de gracia para el pago del capital, una tasa de interés del 7,5% anual y pagos semestrales.

Esta emisión de deuda se concretó mediante seis actas provisionales de la contribución del Estado para el pago del 40% de pensiones y otros rubros al IESS, de noviembre del 2014 hasta abril del 2015.

Los documentos fueron suscritos por funcionarios de las comisiones interinstitucionales del Ministerio y del IESS.
Pero, el órgano de control aclaró que no se evidenció ningún convenio de dación de pago. El Subsecretario de Relaciones Fiscales de la época solo entregó la copia de un oficio del 13 de septiembre del 2012.

Ahí se establece que el Consejo Directivo del IESS resolvió que el Director General cobre las obligaciones, ya sea en efectivo o en títulos valores emitidos en condiciones similares a las fijadas en el convenio de pago del 26 de abril del 2012, entre ambas entidades.
La Contraloría recalcó que el ex-Ministro y el ex-Subsecretario no observaron lo que ordena la Constitución: los recursos del Estado para el seguro obligatorio constarán cada año en el Presupuesto General y se transferirán de forma oportuna.

También, establece que el endeudamiento público será exclusivo para proyectos de inversión e infraestructura.

Según registros del Ministerio, en esa época fungió como ministro Fausto Herrera y como subsecretario de Financiamiento Público, William Vásconez.

El no considerar el pago de pensiones dentro del presupuesto ocasionó que el Estado tenga que pagar USD 27,8 millones por intereses, afectando a la liquidez de la caja fiscal.

Según un oficio del Subsecretario de Presupuesto de ese entonces, estos pagos sin contraprestación se registraron como anticipo de fondos hasta que se presenten los documentos justificativos, en 2014. Para el siguiente año se consideró la Ley para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, vigente desde el 20 de abril del 2015.

En esta legislación se reformó el art. 237 de la Ley de Seguridad Social y se estableció que el Gobierno será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones únicamente cuando el IESS no tenga los recursos económicos.

Esta argumentación fue rechazada por la Contraloría, pues consideró que esta normativa debió aplicarse desde que está en vigencia.

El ex-Ministro y el ex-Subsecretario de Financiamiento coincidieron en sus descargos a la Contraloría en que los estados al ser soberanos y con el fin de precautelar los recursos públicos deben recibir el bien y/o servicio con documentación de soporte. En este caso dijeron que el IESS no manejaba “cifras reales o finales” debido a la fluctuabilidad que tienen estos valores de manera mensual, generando que mes a mes el Ministerio de Finanzas reciba “valores presuntivos”.

Para solventar esta supuesta deficiencia, añadieron, que el Ministerio y el IESS proceden de manera mensual a extinguir las obligaciones pendientes sustituyendo dicha obligación por una nueva a través de una consolidación. “Se puede afirmar que una vez consolidada la obligación, esta se enmarca en el concepto de endeudamiento público (…) dejando de ser la contribución del 40% un gasto permanente, mismo que permite que su pago se realice mediante un instrumento de endeudamiento público”.

Este argumento no fue aceptado. En una auditoría anterior, Contraloría concluyó que este mecanismo de dación en pago para el pago de pensiones fue usado por el Ministerio desde el 2010 y hasta el 2014. En ese período colocó bonos por USD 1 272,7 millones y lo viabilizó con un acuerdo ministerial del 24 de abril de 2012.


11 contratos de deuda externa, observados


Contraloría también auditó 11 contratos financiados con deuda externa directa por USD 3 082 millones, de los cuales cuatro fueron observados.

El primero es la contratación de dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y otro con el Banco Europeo de Inversiones para construir tres plataformas gubernamentales.
Estos contratos se firmaron sin estudios completos de dos de tres proyectos. Los otros contratos tienen financiamiento de dos bancos chinos. El primero se suscribió para financiar la línea de energía de 500 kV que transportará el Coca-Codo y el segundo para construir 13 carreteras. En ambos casos no se concretaron primas de seguros. En la línea de 500 kV, el crédito se firmó 14 meses después de iniciada la obra. Esto generó costos adicionales para el Estado.


Glosas por 104 millones para Rivera y Herrera

Los exministros de Finanzas, Fausto Herrera y Patricio Rivera, así como varios funcionarios más, fueron notificados en julio y octubre pasados por la Contraloría con predeterminaciones civiles y administrativas culposas (glosas), que suman USD 104 millones.

Fuentes del organismo de control confirmaron que esos montos se desprenden de dos informes sobre el cumplimiento de normas vigentes en los procesos de endeudamiento público.

Desde la fecha de notificación, los exministros tenían 90 días para descargar la predeterminación.

La primera sanción es por USD 77 millones y es consecuencia del examen DADSySS-0036-2015, que analizó el período comprendido entre el 2 de enero de 2009 y el 31 de julio de 2014. La segunda suma USD 27 millones y se desprende de un informe reservado sobre manejos en el Ministerio de Finanzas. El 26 de julio pasado, el contralor Pablo Celi, como resultado del análisis interno de los informes aprobados, comunicó la glosa a los exministros y servidores relacionados.

Estas sanciones se establecieron debido a que autorizaron el pago de la contribución del Estado para el seguro de pensiones al IESS, con bonos, lo que está expresamente prohibido, ocasionando que el capital adeudado siga reflejándose como un pasivo para el Estado ecuatoriano.

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