Pólit tenía ya 10 años en el puesto y en su segunda reelección obtuvo “puntaje perfecto”. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El proceso legal que enfrenta el contralor Carlos Pólit reavivó las críticas en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). El organismo aceptó el informe en el que se calificó con puntaje perfecto a Pólit cuando participó en el concurso para ser reelecto en el cargo.
Luego de que se hiciera pública la acusación de la Fiscalía en contra del funcionario por supuesta concusión, el Consejo le hizo a Pólit un llamado público para que “comparezca ante las autoridades y rinda cuentas de sus actos”, dentro del caso Odebrecht. Incluso en la Asamblea se inició un proceso para pedir un juicio político en su contra.
El casole rebotó a la presidenta del Cpccs, Yolanda González. La alianza opositora Creo-SUMA solicita su comparecencia al Pleno. La legisladora del bloque, Anita Galarza, explicó que la idea es conocer cómo fue el proceso de designación de Pólit. En caso de observar irregularidades, la bancada podría plantear un juicio político en su contra.
Su compañero de bancada, Fabricio Villamar añadió que buscarán reformas a la Constitución para eliminar el Consejo que se encarga de la selección de las autoridades de control.
Wilma Andrade, legisladora por la Izquierda Democrática, tenía previsto entregar una propuesta al presidente Lenín Moreno, similar a la que ya entregó en la Asamblea. Plantea convocar a una consulta popular, con el fin de reformar la Constitución, eliminar el Cpccs y pedir la renuncia a todas las autoridades seleccionadas por el organismo.
González dijo el martes 5 de junio del 2017 que está dispuesta a ir a la Asamblea si le llega una petición de comparecencia. Allí presentaría la metodología con la cual se seleccionó al Contralor y al fiscal Carlos Baca Mancheno.
La funcionaria explicó que el Pleno del Consejo aceptó los resultados que entregaron las comisiones ciudadanas de selección. Los comisionados escogieron a los funcionarios tras un concurso de oposición y méritos. Aseguró que todo es transparente y está colgado en la web de la institución, por lo que no pedirá a las comisiones de selección otro informe.
Pero estos procesos recibieron críticas de la oposición. Pólit tenía ya 10 años en el puesto y en su segunda reelección obtuvo “puntaje perfecto”. También se criticó la cercanía del fiscal Baca Mancheno con el expresidente Rafael Correa, pues fue su asesor.
Santiago Basabe, politólogo y catedrático de la Flacso, considera que no se puede hablar de autonomía en ambas instituciones. “No se garantiza transparencia porque hay personas muy cercanas al anterior Régimen”.
Para Basabe el problema de fondo es el mecanismo de designación de las autoridades de control a través del Consejo. Lo calificó de una “aberración jurídica y constitucional”.
A su criterio, lo ideal sería volver a una designación de autoridades de control por la vía legislativa. Antes de la Constitución del 2008, era el Congreso el que escogía, tras una propuesta enviada por el Presidente de la República.
Pero antes se privilegiaba a los partidos políticos que imponían mayorías en el Congreso, según el vicepresidente del Cpccs, Edwin Jarrín. Pero no toma en cuenta que el oficialismo también ha tenido mayoría en los últimos 10 años.
Además, Jarrín defendió lo actuado desde que se creó el Consejo, porque, de acuerdo con su criterio, ahora prima la participación ciudadana.
Para Basabe, el problema no era la designación a través del Congreso, sino de los “actores” que conformaban el legislativo antes del 2008. Sin embargo, resaltó que es un sistema válido en la región.
Según Villamar, el tema pasa porque los legisladores, al ganar una curul en las urnas, tienen un carácter de representatividad que los comisionados no tienen, pues no se someten a la votación popular.
El Cpccs también escoge a los superintendentes de una terna que envía el Ejecutivo. En los próximos días tiene que seleccionar al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. El elegido saldrá de la propuesta que envió Correa, días antes de entregar el poder.
La lista, que fue calificada el 23 de mayo, está encabezada por Fernando Cordero, exministro de Correa, expresidente de la Asamblea Constituyente y de la Asamblea Nacional.
Las seis superintendencias tienen, al momento, personas de confianza del expresidente en su dirección. En abril pasado, a un mes de la salida de Correa, Patricio Rivera, exministro de Finanzas, ganó la designación y se convirtió en superintendente de Economía Popular y Solidaria.
El actual Mandatario recién podrá presentar en agosto de este año una terna para sugerir los nombres del posible titular de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado.