21 de febrero de 2017 00:00

Consumir drogas en público se penalizará

En esta fotografía tomada en el sur de Quito; se observa un grupo de jóvenes que se reúne en la noche en una cancha para consumir alcaloides. Foto: Archivo EL COMERCIO

En esta fotografía tomada en el sur de Quito; se observa un grupo de jóvenes que se reúne en la noche en una cancha para consumir alcaloides. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)
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El proyecto está en la Comisión de Justicia de la Asamblea desde el pasado viernes. Ese organismo legislativo analizará las reformas al Código Penal, que lo envió el presidente Rafael Correa. En el documento, de 10 hojas, el Jefe de Estado propone modificar, por ejemplo, el artículo 220 de la normativa penal, que se refiere al tráfico de estupefacientes.

La idea es adicionar un inciso en el que se prohíba “la tenencia o posesión” de drogas para uso o consumo en los espacios públicos. Con ello, no se podrá consumir o tener drogas en zonas cercanas a centros educativos, oficinas, parques, iglesias, etc.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con cárcel que va de uno a tres años. Esta pena es la que actualmente se aplica a los traficantes de mínima escala.

Los 11 asambleístas de la Comisión aún no analizan el tema. Jorge Paladines, asesor de la Defensoría Pública, estudia el texto oficial desde el viernes y dice que la propuesta criminaliza al consumo de drogas.

Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión que analizará la reforma, recuerda que fue el propio Gobierno, quien ha emitido políticas para evitar que los consumidores sean penalizados.

Una de estas fue la creación de la tabla de tenencia en el 2014. Esta herramienta fija cantidades máximas para el porte de estupefacientes. Esto, según el Ministerio del Interior, ayudó a diferenciar al consumidor del microtraficante.

Por eso, este Ministerio sostiene que el año pasado se incautó en el país 14,34 toneladas de drogas que estaban destinadas para el consumo interno.

En cambio, entre noviembre del 2015 y diciembre del 2016, a escala nacional se detuvo a 4 200 personas dedicadas a la venta de droga al menudeo.

Pero la tabla también ha sido usada por las redes de microtráfico.

El presidente Correa lo admite. En la exposición de motivos del proyecto señala que “se ha hecho algo común observar a expendedores de drogas, que también son consumidores, escudarse en el uso personal para portar en su poder estupefacientes de manera impune”. Además, añade que “desgraciadamente en muchos casos” son vendidas a jóvenes. Por eso afirma que “la norma permite su abuso”.

Agentes de antinarcóticos también han detectado que los expendedores aprovecharon las cantidades establecidas en la tabla, para camuflarse como consumidores y no ser procesados en los juzgados.

Por ejemplo, en marihuana lo permitido es 10 gramos. Lo que hacen las redes delictivas es tener esa cantidad y venderla. Luego van por otro paquete y repiten la misma actividad durante todo el día. Si la Policía los detiene dicen que son consumidores y así evitan ser procesados.

Para evitar aquello, el proyecto del Ejecutivo plantea limitar la tenencia de droga a la residencia del consumidor.

En el enlace del sábado 11 de febrero, el presidente Correa ya se refirió a este tema. “Ese consumo solo se pueda hacer en el interior, en el hogar, no en la vía pública”, sostuvo.

Rodrigo Vélez, extitular del desaparecido Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), sostiene que es posible que en “algunos casos” la tabla fuera aprovechada por los traficantes.

Ese organismo fue precisamente el que creó la tabla de tenencia, pero aclara que no fue hecha para facilitar el consumo, sino para que los jueces y fiscales tengan un referente de cuál sería la cantidad que portaría un consumidor y qué sanción se debería imponer a los traficantes.

Ahora, con la propuesta del Ejecutivo, si no se permite la tenencia en espacios públicos, “se identificaría con claridad a los expendedores”. Así lo explica Diego Fuentes, viceministro del Interior. En una entrevista con este Diario, el funcionario aclaró que la medida del Ejecutivo surge por la falta de medidas de los gobiernos autónomos descentralizados.

En el país existen ciudades en donde ya se ha prohibido el consumo de drogas en espacios públicos. Por ejemplo, Zaruma, Portovelo y Durán tienen ordenanzas que regulan estas actividades.

Sin embargo, en ninguna se establece cárcel, si no solamente multas económicas.

Este será un punto que se analizará en la Comisión de Justicia de la Asamblea. La vicepresidenta Muñoz dijo ayer que se analizarán con “responsabilidad” las sanciones.

Ecuador Cannabico ya ha mostrado su desacuerdo con la propuesta. El grupo señala que “continúa el retroceso en temas de drogas y se ratifica la penalización al consumo”.

En contexto

El 1 de septiembre del 2015, la Asamblea Nacional endureció las sanciones por microtráfico y se estableció que el tráfico en mínima escala (de cero a 2 gramos de pasta base de cocaína, por ejemplo) se sancione con cárcel de uno a tres años.

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