13 de septiembre de 2017 00:00

La consulta activa a los grupos sociales

Adriana Noboa / El Comercio Los miembros de la Plataforma por la Democracia presentaron su propuesta, ayer.

Los miembros de la Plataforma por la Democracia presentaron su propuesta, el 12 de septiembre. Foto: Adriana Noboa / EL COMERCIO

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Adriana Noboa

La posibilidad de una consulta popular activó a la sociedad civil. Dos grandes colectivos han tomado la posta: la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos y la Mesa de Convergencia.

Cada una agrupa a varias organizaciones sociales; entre las dos suman más de 30. Y tienen dos objetivos que los unen: impulsar una consulta popular y consensuar los temas que deben preguntarse.

Para ello se unirán a la marcha nacional del miércoles 20 de septiembre del 2017, organizada por los sindicalistas. Ese día quieren llegar a Carondelet con una propuesta concreta para entregar al presidente Lenín Moreno.

La Mesa de Convergencia tiene una cita previa con un asesor de la Secretaría de Gestión de la Política. Pero la prioridad es llegar al Primer Mandatario.

Uno de los primeros acuerdos al que llegaron fue reunir todas las propuestas y que las analice una comisión de abogados y un grupo de representantes de las organizaciones que participan en el proceso.

Las propuestas de preguntas son muchas, como reconoce Boris Cornejo, de la Fundación Esquel y representante de la Mesa de Convergencia.

Pero adelantó que hay al menos tres grandes coincidencias: recuperar la independencia de los poderes del Estado, que el Cpccs asegure el control social y ciudadano, y derogar algunas disposiciones transitorias en vigencia.

La única propuesta concreta es la de la Plataforma por la Democracia. Luis Verdesoto, su presidente, presentó el 12 de septiembre el documento que contiene cuatro temas con cinco preguntas.

Primero, revertir la transformación de la comunicación en un servicio público, aprobada con las enmiendas de 2015.

Segundo, modificar la composición y funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Que tenga tres consejeros y su única función sea promover la participación ciudadana.

Esto implica devolver la designación de las autoridades de control a la Asamblea Nacional, bajo ciertos lineamientos. Por ejemplo, que se requiera el voto de las dos terceras partes de legisladores. Dependiendo de cada instancia, los postulantes provendrían de ternas del Presidente, la Corte Nacional de Justicia y los bloques legislativos.

Tercero, garantizar la independencia de la Función Judicial. Para esto proponen modificar la composición del Consejo de la Judicatura y que este responda a los lineamientos de la Corte Nacional de Justicia.

Cuarto, modificar el sistema electoral. Esto requiere cambiar el método de adjudicación de escaños y el de votación, para lograr una real representatividad y garantizar la presencia de las minorías. Así como eliminar la reelección indefinida. Además, plantean una serie de disposiciones transitorias, para que estos cambios puedan ser aplicados de forma inmediata.

María Paula Romo, de la Mesa de Convergencia, explicó que para ninguno de los temas donde hay grandes acuerdos se requiere una Asamblea Constituyente, como argumenta el oficialismo.

Estos colectivos los conforman la Corporación Participación Ciudadana, la Comisión Nacional Anticorrupción, Esquel, Nosotras por la Democracia, Yasunidos, Ciudadanía y Desarrollo, el Observatorio Electoral, la Ecuarunari, entre otros. A la Mesa de Convergencia incluso la respaldan tiendas políticas como Unidad Popular, Izquierda Democrática, Concertación y Creo. Todos ellos estarán pendientes de que las autoridades tramiten el pedido de la ciudadanía.

Por otra parte, el bloque legislativo de Alianza País también se reunió el martes para analizar una posible consulta. Se adelantó que no apoyarán un proceso que implica el retroceso de derechos, como la reelección indefinida.

Los mecanismos

Existen dos vías para cambiar la Constitución: una enmienda o una reforma parcial. El primero se puede llevar a cabo a través de un referendo o por debate en el Legislativo. El segundo, sin importar de dónde provenga la iniciativa, deberá pasar por la Asamblea y luego por un referendo.

Las enmiendas son cambios que no alteran la estructura de la Constitución, o elementos constitutivos del Estado, que no restringen derechos y garantías, o que no modifican el procedimiento de reforma de la misma Carta.

La reforma parcial sí puede alterar la estructura de la Constitución. Pero tampoco puede restringir derechos y garantías o cambiar el proceso de reforma constitucional. Para esto sí se requiere una Asamblea Constituyente.

Para temas que no impliquen modificaciones a la Carta Política, el Ejecutivo puede convocar a una consulta directamente. Todas las opciones deben pasar por la calificación de la Corte Constitucional.

En contexto

El presidente Moreno analiza una consulta popular. El lunes dijo que esto implica mejorar el sistema político, profundizar la participación ciudadana, transparencia en la elección de autoridades y equilibrio entre las funciones. La propuesta tiene adherentes.

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