5 de abril de 2018 00:00

Conflicto por los avalúos prediales continúa sin una salida en Nayón

Zulma Madrid, Paulina Jaramillo y Paulina Simbaña, en una reunión en Nayón. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Zulma Madrid, Paulina Jaramillo y Paulina Simbaña, en una reunión en Nayón. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Diego Bravo
 y Daniel Romero 
quito@elcomercio.com (I)

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Los moradores de Nayón se han organizado por los altos valores que registran los avalúos de sus predios. Recogen firmas con la intención de derogar la Ordenanza que permitió los nuevos avalúos y la posterior alza del impuesto predial. En el Municipio hay dudas jurídicas para que eso pueda ocurrir.

Miguel Dávila, administrador General del Municipio, señaló que, jurídicamente, es una petición inviable. Explicó que, con base en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad), los municipios deben revalorizar los predios cada dos años. Esto implica que lo que se hizo en el 2017, para determinar el valor de los avalúos, regirá hasta el 2019.

Sin embargo, tras las quejas de la ciudadanía, el Municipio revisó el nuevo catastro que se aprobó mediante una Ordenanza, en diciembre pasado. Dávila dijo que esta fue una decisión de la ciudad, pues la Ley establece no solo la revalorización sino que el valor del avalúo se acerque cada vez más al precio de venta.

Sergio Garnica, concejal independiente y presidente de la Comisión de Suelo del Concejo, coincide con Dávila. Dice que no es posible derogar una Ordenanza de esa manera. “El Concejo es el único ente que puede tratar algo así. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen”, dijo.

Para el Municipio, lo que sucede en Nayón es que hay viviendas pequeñas, o modestas, junto a residencias más grandes y costosas.

Dávila dijo que eso genera inconvenientes a la hora de establecer los valores de los avalúos en el sector. “Nuestro personal de Catastro mantiene reuniones con la gente de Nayón para buscar una solución para ese sector”.

El funcionario también señaló que sin esas normativas la ciudad no tendría avalúos y tampoco se podría cobrar los impuestos. A estos dos elementos se sumaría el hecho de que hay contribuyentes que ya cancelaron esos tributos.

La próxima semana los moradores de Nayón tienen previsto visitar al Servicio de Rentas Internas, la Procuraduría, la Asamblea y la Alcaldía para exponer su malestar.

Así lo definieron en la sede del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de esa parroquia, en el nororiente de Quito. Quieren que se deroguen las ordenanzas 196, 197 y 198, que tratan sobre la valoración del suelo, el impuesto predial y la contribución especial por mejoras. Se ratifican en resistencia tributaria.

Esos planteamientos serán entregados en la Alcaldía el próximo 12 de abril. Una de las promotoras, Paulina Simbaña, asegura que ya se han recolectado 2 700 firmas (lo mínimo es 2 500) para el petitorio.

Los vecinos de Nayón aseguran que si el Municipio no les presta atención presentarán un recurso de amparo ante la Corte Constitucional para que se derogue la Ordenanza.

Sobre el cobro del impuesto predial, el Municipio señaló que, hasta el momento, se ha recaudado USD 39 377 000 por predios urbanos y USD  1 771 000 por los rurales.

Paulina Jaramillo tiene una propiedad en el barrio rural Tacuri, localizado a cinco minutos del centro de Nayón. Asegura que, por iniciativa de los vecinos, se instaló alcantarillado y adoquinado. “El servicio de transporte circula por allí cada hora y no tenemos alumbrado público”.

Su propiedad es de 1 000 metros cuadrados y su casa, de dos pisos, está avaluada en USD 480 000. Por impuestos le toca pagar casi USD 700 desde el reavalúo. Antes: 118. “No estoy pagando porque reclamé. Me dicen que tengo 600 metros de construcción cuando en realidad son 200. Hicieron un avalúo tomando una foto satelital. Mi casa tiene 20 metros de largo por 10 de ancho”.

Los moradores se quejaron de que les cobran por obras que no están hechas. Por ejemplo, se construyó el trazado de la troncal metropolitana y el diseño definitivo, pero esos gastos les cobran como si la vía estuviera lista.

Carlos Males es abogado de Rosa Andrango, la propietaria de un terreno de 800 metros, en el barrio Las Palmas, por el que paga USD 350 de impuestos. Considera que es alto ese valor, ya que la propiedad no cuenta con agua, electricidad, teléfono ni alcantarillado.

Humberto Anaguano tiene problemas similares en un terreno de 4 000 metros ubicado cerca de las nuevas instalaciones de la Universidad Católica, en el barrio San Pedro del Valle de Nayón.

Ese predio se divide para cinco familias que, con los nuevos impuestos, dice que deben pagar USD 7 000, pero no tienen recursos. Lo que tienen son sembríos de maíz, fréjol y plantas ornamentales. Subsisten de esa actividad.

Anaguano asegura que su terreno cuenta con agua, alcantarillado y electricidad, pero les falta alumbrado público y adoquinado. A él le molesta que le cobren como predio urbano, cuando es rural y carece de servicios básicos.

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