23 de octubre de 2016 00:00

En tres ciudades se confiscaron bienes por caso Petroecuador

En Quito, agentes del GIR rompieron la puerta de un inmueble, ubicado en Cumbayá. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En Quito, agentes del GIR rompieron la puerta de un inmueble, ubicado en Cumbayá. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Fernando Medina
fmedina@elcomercio.com

Las operaciones fueron simultáneas. Agentes del GIR y de Inteligencia de Quito, Guayaquil y Esmeraldas allanaron 15 propiedades de los procesados investigados por formar parte del entramado de corrupción en Petroecuador.

Las incursiones policiales se ejecutaron la noche del viernes, luego de que la jueza Karen Matamoros ordenara la prisión preventiva de nueve personas, entre ellas, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien actualmente está prófugo.

Precisamente, una de las viviendas allanadas fue la del exfuncionario. El inmueble, ubicado en la ciudadela Puerto Azul, estaba deshabitado.

Lo mismo ocurrió con otra casa, situada en una exclusiva urbanización en la vía a Samborondón, en Guayas.

Esa propiedad pertenece a Javier Baquerizo, otro de los indagados por el pago de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera. Él guarda prisión preventiva desde el 16 de agosto. En ese departamento, la Policía localizó solo sillones, mesas, sillas y licores. Todos esos bienes estaban embalados con plástico, listos para ser trasladados a otro lugar, según comentó Inteligencia policial.

EL COMERCIO conoció que el inmueble fue vendido recientemente a Santiago Cuesta, un empresario que reside en Guayaquil. Ayer, él contó que compró esa propiedad hace seis meses, por USD 170 000. Y explicó que todavía adeuda 90 000; por eso aún no ha tomado posesión de esa casa.

En cuanto a los objetos, el empresario señaló que no son de él y que deben pertenecer a la familia Baquerizo. Además de Javier Baquerizo, en este proceso penal están investigados sus primos Juan y Jaime, accionistas de la firma Oil Services & Solutions. Actualmente, los dos tienen una orden de prisión vigente. Según las investigaciones fiscales, ellos aparentemente pagaron millonarios sobornos a Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, para beneficiarse de contratos en la Refinería de Esmeraldas.

Pese a estas evidencias, la orden de prisión que dictó el viernes la jueza Matamoros llegó tarde, pues los dos empresarios, al igual que Pareja y otros cinco sospechosos, ya abandonaron el país.

Incluso, en el caso de Jaime Baquerizo, la orden se da luego de 41 días de que fuera liberado en Perú. En ese país fue detenido el 17 de agosto, pero fue liberado tras una audiencia en la que las autoridades peruanas negaron el pedido de expulsión o deportación que la Fiscalía de Ecuador solicitó. En este caso no se pidió la extradición porque las mismas autoridades ecuatorianas desistieron de este pedido.

La misma situación sucede con otros cinco procesados que también tienen orden de prisión. Por eso, la jueza Matamoros dispuso la incautación de sus bienes.

En Guayaquil, otros dos departamentos fueron allanados. Los inmuebles están en la urbanización Britannia II. Allí se hallaron dos vehículos de alta gama: un BMW y un Kia H1.
En Esmeraldas, la Policía confiscó dos casas. Según los uniformados, uno de los inmuebles es de propiedad de Bravo y otro de un familiar. Las viviendas están ubicadas en el centro y sur de la ciudad. Esta última, dentro de una zona residencial de clase alta.

En Quito, las incursiones se efectuaron en tres sectores de la capital. Los agentes llegaron al sexto piso del edificio Suyana, en las avs. República de El Salvador y Naciones Unidas.

Allí funcionaban las oficinas de Oil Services & Solutions. El inmueble está a nombre de Jaime Baquerizo. Otro allanamiento se registró en la avenida Mariana de Jesús y Pradera.

En ese sector operaban las oficinas de Galileo Energy S.A., empresa que también es indagada por la Fiscalía, pues aparece dentro de las firmas que tejieron un red de empresas ‘offshore’ y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Galileo Energy está a nombre de Glenda M. Sobre ella hay otra orden de prisión.

En tanto, en Cumbayá, cerca de 20 policías ingresaron a otra urbanización residencial. Allí decomisaron los bienes de la casa 48. El lugar estaba con las luces prendidas, pero nadie había en su interior. Los agentes buscaban a Humberto G., representante de Tecniazul, otra de las firmas indagadas.

Pese a que no hubo detenidos, el presidente Rafael Correa, ayer, resaltó las incautaciones y afirmó que este caso no quedará en la impunidad. “Tendrán que responder”. Además, informó que acudirá a la Corte Constitucional para proponer que ningún funcionario público pueda tener cuentas en paraísos fiscales.

En contexto
El Ministerio del Interior informó que entre los bienes incautados también existen cinco vehículos y tres parqueaderos. Además, anunciaron que “en los próximos días” se hará una contabilización de todos los objetos que hallaron en las casas y oficinas.

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