19 de enero de 2016 23:15

Condenan a ex militar colombiano que aceptó ejecución de 32 personas

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Agencia DPA

Un juez colombiano condenó el martes 19 de enero del 2016 a 30 años de prisión al coronel en retiro del Ejército Robinson González, quien en septiembre pasado se declaró culpable de la ejecución de 32 personas entre 2006 y 2009 que fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate.

De acuerdo con la sentencia proferida por un juzgado del departamento de Antioquia (noroeste), en donde ocurrieron los hechos, González es responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, peculado por apropiación y porte de armas de uso privativo y defensa personal.

Hace cuatro meses, González aceptó "de manera voluntaria" los delitos imputados por la Fiscalía, los cuales cometió cuando se desempeñó como comandante del batallón Mártires de Puerres en el oeste del país.

De acuerdo con la investigación, el ex uniformado ordenó a sus soldados asesinar en 14 operativos a jóvenes y campesinos de los departamentos de Antioquia, Cauca y Caldas para presentarlos como guerrilleros y así obtener reconocimientos.

Durante su intervención ante un juez de Bogotá, González criticó que aunque, según él, ha colaborado con la justicia, ésta no le ha dado las garantías y que por el contrario lo han "intentado callar por medio de traslados" a diversas cárceles del país. "Desde que he decidido colaborar a mí me han atropellado ese fuero (militar), quiero dejar esta observación, quiero que la gente se entere que la manera de callarlo a uno es trasladarlo. Métalo a un sitio donde nadie lo vea", aseguró.

El ex oficial, quien también es señalado de liderar una red de tráfico de armas al interior del Ejército, acusó además al Ejército de crear "sofismas" con informes sobre posibles fugas que "son falsos". "Si yo acepto cargos es porque quiero colaborar. Yo no tengo problemas de amenazas, ni he pedido seguridad especial, ni alimentación especial, ni tampoco un desplazamiento especial", sostuvo.

Los casos de ejecuciones de civiles por parte de militares, llamados en Colombia "falsos positivos", empezaron a conocerse en 2008 a raíz del caso de unos jóvenes del céntrico municipio de Soacha, contiguo a Bogotá, que aparecieron muertos en el noreste del país.

La Fiscalía, que investiga cerca de 4 000 ejecuciones, concluyó entonces que dentro del Ejército operaba una red dedicada a buscar personas que eran llevadas a diversas regiones con ofertas laborales. Al llegar a esos lugares eran ejecutadas y vestidas con uniformes camuflados para mostrarlas como guerrilleros abatidos en combate.

Los militares buscaban con eso premios como condecoraciones o días de descanso, así como aumentar las cifras de las bajas ocasionadas a grupos armados ilegales.

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