18 de abril de 2017 11:28

Conaie e Inredh presentaron acción de protección contra proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana

Foto: Twitter @CONAIE_Ecuador

Conaie e Inredh presentaron la mañana de este martes 18 de abril del 2017 una acción de protección y una medida cautelar en contra del proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social. Foto: Twitter @CONAIE_Ecuador

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Ana María Carvajal

Conaie e Inredh presentaron la mañana de este martes 18 de abril del 2017 una acción de protección y una medida cautelar en contra del proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social, presentado por la asambleísta por Alianza País, Johanna Cedeño.

Dirigentes de Conaie como Severino Sharupi y Katty Betancourt llegaron con sus abogados a la Sala de Sorteos, en Quito, para entregar estos pedidos que buscan que el proyecto sea discutido y reformado, luego de contar con el aporte de los pueblos y nacionalidades indígenas sobre el articulado que les concierne. El pedido se basa en el derecho a la libre determinación de los pueblos y a la consulta previa libre e informada.

El proyecto ingresó al Consejo de Administración Legislativa en marzo. Según Harold Burbano, la acción de protección pide que se detenga el trámite, se saquen todos los temas relacionados con sectores indígenas para que se construya un proyecto de ley que regule de forma efectiva.

Según Katty Betancourt, líder de mujeres de la Conaie, este es un primer paso de las organizaciones que han luchado desde que se instauró el Decreto Ejecutivo 16, que consideran restrictivo de derechos.

Burbano explicó que una medida cautelar debe ser resuelta de forma inmediata en una primera providencia, que podría ser notificada entre el miércoles y el jueves. Luego se debe convocar a una audiencia que podría realizarse la semana próxima.

También estuvo en la diligencia Nathaly Yépez, abogada de Inredh, quien afirma que se presentaron estas acciones porque el proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana pretende formalizar de forma ilegítima normas que ya han sido cuestionadas previamente y a través de los mismos vicios.

La falta de consulta a pueblos y nacionalidades indígenas que tienen derechos especiales, afirma la abogada, ya se constituye en una violación de derechos. En el caso de que la respuesta sea negativa, se recurrirá a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Decreto Ejecutivo 16 entró en vigencia en el 2013 y regula tanto la constitución como el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. En agosto del 2015 fue reformado y absorbido por el Decreto 739.

A través de este decreto se abrieron procesos en contra de organizaciones como Fundación Pachamama, Unión Nacional de Educadores, Fundamedios y Acción Ecológica. La primera fundación fue disuelta y el gremio de Maestros está en proceso de disolución.

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