3 de septiembre de 2017 00:00

Las comunas mantienen vivo su modelo de organización

Miguel Ángel Pavón y Paulina Llumipanta enseñan desde lo alto parte del territorio de la comuna de Santa Clara. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Miguel Ángel Pavón y Paulina Llumipanta enseñan desde lo alto parte del territorio de la comuna de Santa Clara. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Ana María Carvajal
Redactora (I)
amcarvajal@elcomercio.com

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Los reclamos por el mal estado del puente peatonal de la Comuna de Santa Clara de San Millán se suman a pedidos de adoquinado de vías y ampliación del alcantarillado. Esta es una de las cuatro comunas urbanas en el Distrito Metropolitano y se suma a otras 55 que se registraron este año en el Ministerio de Agricultura.

Aunque geográfica, administrativa y políticamente forman parte de la estructura de la ciudad, las comunas cuentan con un cabildo en donde se eligen directivas y se toman decisiones de forma colectiva.

Una de las principales diferencias con el resto del territorio es que en estos espacios hay una lógica alejada del concepto de propiedad privada, dice Gustavo Andrade, quien hizo un estudio sobre las comunas en Quito, que fue publicado por la Universidad Andina.

Andrade explica que existe falta de atención para estos espacios, porque hay falencias en un sistema de planificación participativa. Según su criterio, es un error intentar homogenizar la ciudad porque se debe considerar las diferencias sociales y culturales.

El tema de las comunas ha sido históricamente una lucha social por el territorio, según el presidente de la de Santa Clara, Miguel Ángel Pavón. Esta comuna, que va desde la calle Atacames hacia las faldas del Pichincha, y la av. La Gasca hasta la urbanización La Durini, fue reconocida en 1911, en el gobierno de Eloy Alfaro, y ha visto mermado su territorio con el paso de los años. Actualmente tiene unos 15 000 comuneros, según su directiva.

Terrenos en donde hoy funcionan la Universidad Central o la Embajada de Italia, por ejemplo, constan en los registros de la comuna como espacios perdidos en juicios. Por eso, con los lotes que aún son de dominio comunal, la lógica no es de venta sino de actas de derechos que solo se entregan a miembros de la organización.

Pavón afirma que en estos procesos no interviene el Municipio, las notarías ni el Registro de la Propiedad. Si alguien quiere entrar a la comuna debe presentarse ante la asamblea y exponer sus motivaciones. Si esa persona puede probar que tiene lazos de consanguinidad con antiguos comuneros o que ha vivido y aportado a la comuna por largo tiempo, tiene más opción de entrar.

En la comuna de Santa Clara, los apellidos más comunes son Tumipamba, Llumipanta, Yaguari, Chalco o Guamanzara, entre otros. Es territorio ancestral de comunidades Quitu-Cara, en donde rigen reglas distintas al resto de la ciudad. Pero según Pavón, hacen falta ejes de trabajo más definidos con el Municipio para mejorar las condiciones de vida.

María Paz Dávila, directora Metropolitana de Parroquias Rurales, explica que no todas las comunas son territorios ancestrales. Hay casos en los cuales los hacendados entregaban huasipungos a los trabajadores y esos se conservan hasta hoy.

Ese es el caso de Chilibulo-Marcopamba-La Raya, en el sur. La comuna urbana, según su presidente, Ismael Tituaña, no se formó solo con nativos de la zona sino también con gente que llegó de otros sectores de la ciudad y del país.

Gustavo Tubón, su prosecretario, afirma que solo un 10% de los comuneros vive entre La Raya, La Libertad, el canal de Lloa y el cerro Ungüí, que es el territorio de la comuna. El resto vive en barrios cercanos como Chilibulo, la Mena o la Magdalena.

Actualmente hay 180 comuneros y se espera llegar a 200 con los procesos en marcha. A esa cifra se suman sus esposas o hijos.
Las necesidades son similares en estos sitios que cuentan con una ley de 1937. Pero la norma es considerada anacrónica por voces como la de la Directora de Parroquias Rurales.

Mientras era asambleísta, Pedro de la Cruz propuso un proyecto de Ley Orgánica de Comunas y Organización Comunitaria, para ajustar la normativa a las actuales condiciones. Este texto fue aprobado en la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea para ir al Pleno, en marzo del 2012, pero según el registro del Legislativo, se detuvo en el Consejo de Administración Legislativa.

La ley vigente exime a las comunas de impuestos. Pero según Dávila, esto es porque se las considera focos comunales de producción agrícola. Según un trabajo del Municipio en el 2016, la mayoría de comunas en Quito ya no tiene ese concepto territorial, pero mantiene la participación comunitaria.

Dávila acepta que históricamente el Municipio ha descuidado las comunas, argumentando que estas tienen sus reglas y el Municipio no puede intervenir. Sin embargo, la actual administración pretende cambiar ese escenario.

Desde su Dirección se armó una matriz como base para elaborar políticas públicas de interacción con las comunas, pero afirma que para concretar una ordenanza en Quito, primero debe llegar la actualización de la normativa nacional, sin dejar de lado sus derechos irreductibles que aparecen también en la Constitución y en acuerdos internacionales.

Mientras tanto, el 60% del presupuesto participativo de las administraciones zonales, explica Dávila, es de uso prioritario para las comunas. La idea es mejorar las condiciones de vida de los comuneros.

Para Andrade, es importante que la lógica urbana no pretenda absorber a las comunas ni empujarlas a convertirse en barrios. Al contrario, cree fundamental fomentar el derecho al territorio y apoyar su modelo organizativo que forma parte del patrimonio del país.

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