23 de noviembre de 2017 14:54

Comisión de Justicia niega ocho solicitudes de amnistías y deja una pendiente para análisis

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Diego Puente

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La votación de Elio Peña, asambleísta de la Bancada de Unidad Nacional (BIN), causó sorpresa. Él se abstuvo en la votación sobre el informe que realizó la Comisión de Justicia de la Asamblea en torno al pedido de amnistías. La mañana de este jueves, 23 de noviembre del 2017, esta mesa negó ocho de nueve solicitudes que habían tratado.

Con siete votos a favor se aprobó el informe desfavorable y el archivo de las solicitudes de amnistías presentadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En ese informe están 25 personas detenidas, según la dirigencia indígena, por haber cometido delitos políticos.

Tres de los legisladores de oposición pidieron que se otorgue la amnistía a Agustín Guachapá. A este número se sumó la legisladora Encarnación Duchi, de Pachakutik quien votó en contra del archivo y a favor de las amnistías.

Cuando todo apuntaba a que al menos el caso de Guachapá iba a pasar al Pleno para la posible amnistía; el legislador Peña, quien también pertenece a la BIN, se abstuvo. Con lo que ese caso también fue archivado. El asambleísta, luego de la sesión, dijo que "fue un error aritmético".

La mesa dejó pendiente el noveno caso que pertenece a Manuel Pichisaca , de 68 años. Él fue detenido en las manifestaciones en Cañar, que se produjeron en el levantamiento indígena de agosto 2015. Se prevé que este lunes, 27 de noviembre, se reúna la Comisión de Justicia para analizar el caso. La defensa de la Conaie señaló que insistirán en sus pedidos de amnistías y presentarán un nuevo proceso en la Asamblea.

La Conaie presentó 230 casos en un inició. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó 10 y los pasó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis. En el transcurso del tiempo, un proceso se desestimó y al final se trataron nueve casos.

El expresidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) Agustín Wachapá estuvo privado de la libertad por el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos. Además, se le acusa de utilizar las redes sociales para “llamar a la agresión por parte de miembros shuar a la fuerza pública y a que se generen enfrentamientos entre ciudadanos”. Eso con relación a los hechos violentos sucedidos en la comunidad Panantza, en la provincia de Morona Santiago.

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