16 de enero de 2018 00:00

Comisión de Fiscalización: 18 sesiones y pocos resultados

El domingo 7 de enero se realizó la última sesión de Fiscalización. Ahí no se emitió un informe sobre Jorge Glas. Foto. Archivo / EL COMERCIO

El domingo 7 de enero se realizó la última sesión de Fiscalización. Ahí no se emitió un informe sobre Jorge Glas. Foto. Archivo / EL COMERCIO

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Diego Puente

Los miembros de la Comisión de Fiscalización han sido convocados a 18 sesiones desde que se inició el actual período legislativo, en mayo del 2017.

13 de estos encuentros sirvieron para tratar temas relacionados a los dos juicios políticos que se han tramitado.

El primero fue en contra del excontralor Carlos Pólit, que terminó en su censura política. En el segundo, la Comisión no emitió un informe sobre el juicio político a Jorge Glas, porque dejó de ser vicepresidente.

Para la exconstituyente María Paula Romo, se pudo haber hecho mucho más, con base en las competencias que tiene. Por ejemplo, apropiarse del proceso de fiscalización en contra del exministro de Educación Augusto Espinosa o del expresidente del consejo del IESS, Richard Espinosa.

“En lugar de investigar, la comisión elaboró argumentos para defender a esos funcionarios y a otros, como Glas”.

Recordó que en el primer intento de censurar al ex Segundo Mandatario, la Comisión lo recibió con alfombra roja.

El proceso relacionado con Glas provocó las críticas de los legisladores opositores de la misma mesa, que son minoría.

El asambleísta Raúl Tello, de la Bancada de Integración Nacional, cree que la “lentitud” con la que se ha avanzado podría resolverse si se da paso a un cambio de autoridades.

Para él, María José Carrión debería dar un paso al costado para permitirlo. Ella, como presidenta, es la única que puede convocar a sesiones y plantear los temas a debatir.

Homero Castanier, del movimiento Creo, considera que existe una “estrategia” para obstaculizar las investigaciones en temas que pudieran ser incómodos para la bancada de Alianza País (AP). También se refirió a la falta de sanciones políticas en el caso del exvicepresidente Glas.

Por eso, el movimiento Creo entablará dos acciones por la supuesta violación a la Ley de la Función Legislativa por parte de Carrión. La primera medida será insistir, en el Pleno, en la renuncia de la asambleísta como autoridad de la mesa.

En AP hay criterios divididos sobre la legalidad de este pedido. La legisladora Ana Belén Marín destacó “el trabajo importante” de su compañera al frente de la mesa. Pero reconoció que la ley permite hacer cambios de autoridades si existen acuerdos en la mesa.

En cambio, la legisladora Lira Villalba, de la facción correísta, señaló que eso se podría hacer solamente en la mitad del período legislativo.

La segunda acción que impulsará Creo será la presentación, al Presidente de la Asamblea, de un oficio donde se dará a conocer la supuesta responsabilidad de Carrión en la no elaboración del informe sobre el proceso de Glas.

Según el coordinador de la bancada, Roberto Gómez, el titular del Legislativo deberá reenviar la misiva a las autoridades de control, entre ellos el contralor Pablo Celi y el fiscal Carlos Baca.

La Presidenta de Fiscalización ahora deberá afrontar un nuevo cuestionamiento.

En un video difundido por redes sociales, Raúl Patiño, exlegislador, habló de una supuesta prohibición para fiscalizar en el anterior período. Carrión también estuvo al frente de la mesa de Fiscalización entre 2015 y 2017. Este Diario buscó la versión de la legisladora, pero no hubo respuesta.

El exasambleísta por AP, Christian Viteri, fue compañero de Carrión en el Régimen pasado. Fue expulsado del partido, según él, precisamente por denunciar casos de corrupción que involucraban a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno pasado.

Mientras se ventilan estas acusaciones, otros miembros de la Comisión insistirán para que sus temas sean tramitados. Por ejemplo, Lira Villalba impulsa un proceso para investigar la aplicación de multas por fotorradares en Ambato.

El legislador Castañer espera que se los convoque para que avance la investigación por la venta del ingenio La Troncal y la preventa petrolera con países asiáticos.

Además, aún está pendiente el análisis de 40 cajas con informes y documentos vinculados al caso Odebrecht.

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