27 de diciembre de 2015 00:00

El comerciante ve al chulco como opción ante la falta de crédito

Desde junio del 2013, la Dirección de Gestión de Transparencia de la Función Judicial emprendió el Plan de Lucha contra la Usura.  Foto: Archivo / EL COMERCIO

Desde junio del 2013, la Dirección de Gestión de Transparencia de la Función Judicial emprendió el Plan de Lucha contra la Usura. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Mónica Orozco

La contracción del crédito a lo largo de este año se sintió en pequeños negocios. Esta menor liquidez en el sistema financiero formal hizo que este segmento volviera su mirada a otras fuentes de financiamiento.

La caída de ventas que se vive desde hace algunos meses en el sector comercial llevó a Margarita (nombre protegido), dueña de un local de aparatos electrónicos, a aceptar las condiciones de financiamiento que le impuso uno de sus proveedores: la entrega de mercadería a cambio de una tasa de interés superior a la del sector financiero.

Cada mes le deja USD 100 de mercadería (micrófonos, cables para celular, etc.) y, a cambio, Margarita paga una cuota diaria de USD 4 que un agente cobrador solicita religiosamente cada mañana.

Aunque esta aparente facilidad le permite tener producto en percha, termina pagando un costoso interés del 20% mensual o del 240% anual. Es decir, siete y hasta ocho veces más de lo que cobra la banca del país por un microcrédito.

“Es una especie de chulquero también”, reconoce la comerciante, pero dice que no le queda otra opción porque se atrasó en el pago de una cuota del crédito que obtuvo en una cooperativa y no quiere dañar su récord crediticio, sobre todo en un año donde la banca está siendo más rigurosa a la hora de otorgar financiamiento.

La colocación del crédito

Desde abril pasado, la colocación del crédito cayó en un 20% en promedio mensual en la banca privada, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE). Uno de los segmentos afectados, además del de consumo, fue el de microcrédito.

El sector cooperativo, en cambio, logró mantener las colocaciones, pero no prevé expandirse como lo llevó a cabo en años anteriores porque el escenario económico obliga a ser más cauteloso con el manejo de la liquidez en el país.

Las demandas de recursos desde el lado de los pequeños negocios son variadas. Para María (nombre protegido), dueña de una bodega en Tulcán, los problemas empezaron en el 2014 y se agravaron este año con la depreciación del peso colombiano frente al dólar, que alejó a los compradores que llegaban desde Colombia.

Agobiada por las deudas recurrió a dos chulqueros, ya que su menor calificación en la central de riesgos le cerró las puertas de las instituciones financieras. Uno de los usureros le prestó USD 4 000 mientras que el otro, USD 1 000.

La comerciante cuenta que se vio obligada a rematar los alimentos que ofrecía (arroz, azúcar, aceite, enlatados...) para intentar cubrir las deudas con los proveedores, banca, SRI, IESS y los propios chulqueros.

Bayardo Martínez, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, asegura que hay muchos casos parecidos. Aunque el Gobierno implementó la entrega de préstamos formales de hasta USD 20 000 a cinco años plazo en esta ciudad, el directivo cree que falta agilidad en la aplicación de este mecanismo.

Los afectados
Entre las víctimas de los usureros también están las personas que no disponen de fondos de ahorro, que nunca han utilizado el sistema financiero y por eso no tienen un récord crediticio, dice Patricia Calle, coordinadora de Educación Financiera de Mutualista Pichincha. Entre esas personas también hay quienes creen que el sistema financiero es más caro o exige requisitos que no les permitirían obtener el dinero que necesitan.

Gonzalo Vivero, gerente de la Cooperativa 29 de Octubre, recomienda no acudir a esta forma de financiamiento sino a las entidades financieras para buscar acuerdos de pago.

Aunque la menor liquidez en la economía ha obligado a las entidades a emprender un proceso fuerte de recuperación de cartera, el ejecutivo aclara que se puede negociar con los clientes las condiciones de pago. “No queremos quedarnos con los bienes de las personas, sino buscar que tengan holgura para evitar que caigan en manos de los chulqueros”.

En otros casos, en cambio, el problema de los pequeños negocios se origina en la falta de liquidez del Estado, que ha generado retrasos en el pago a los proveedores.

Los graves efectos
Édison (nombre protegido) es dueño de una firma que ofrece servicios de alimentación en Shushufindi (Sucumbíos). Este año la empresa estatal a la que ofrecía sus servicios dejó de pagar a tiempo, lo que a su vez generó que el empresario no pueda cumplir sus obligaciones con el SRI y sus proveedores en las fechas acordadas. Por esta razón, este emprendedor
ahora ni siquiera puede continuar facturando.

La falta de circulante se siente entre los propios chulqueros, cuya tasa de interés subió del 5 y 10% mensual que se cobraba el año pasado al 12, 15 e incluso el 20%, según el Movimiento Pro Justicia contra la Usura y Corrupción que sigue el pulso de este mercado informal.

Desde junio del 2013, la Dirección de Gestión de Transparencia de la Función Judicial emprendió el Plan de Lucha contra la Usura. Wilson Navarrete, director de esta área, comenta que gracias al trabajo de prevención y seguimiento de los casos que se denuncian ante la dirección, el número de denuncias bajó. No obstante, el delito aún persiste.

Entre enero y noviembre de este año la Fiscalía registró 295 casos de usura en el país. Mientras que en igual período del año pasado se dieron 477 casos.

Navarrete destaca que, gracias al seguimiento de los casos, se logró que la Corte Nacional emita tres fallos con reparación a las víctimas, lo que facilitará el juzgamiento de otros aún pendientes.

Advierte, además, que se reforzarán las acciones de prevención contra este delito en un escenario económicamente complicado para Ecuador.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona la usura con una pena privativa de libertad de cinco a 10 años.

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