10 de December de 2010 00:00

Colapso de la justicia

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Lolo Echeverría

El Consejo de la Judicatura publicó un comunicado que desnuda la penosa situación en que se encuentra la administración de justicia. No se requiere ser abogado ni jurista para advertir las inconsistencias del documento.

La justicia ha sido manoseada en casi todos los gobiernos. La actual administración de Justicia ha tolerado, aplicando una expresión popular, “como burro en aguacero”, toda clase de atropellos: jueces sorteados como premios de feria, jueces acusados de aceptar sobornos para fallar a favor de los culpables, jueces destituidos por emitir fallos políticamente incorrectos; ha tolerado que los políticos se conviertan en jueces de los jueces, que se amenace a los magistrados con indagar sus cuentas y sus ingresos, que se anuncie la contratación de extranjeros para revisar sus fallos. La administración de justicia ha aceptado, sumisamente, la intromisión de las otras funciones del Estado sin defenderse y, sobre todo, sin defender la Constitución, sin defender la autonomía, sin defender la Democracia. Solo cuando le mermaron el presupuesto resolvió poner el grito en el cielo.

Lo que no hizo en defensa de la autonomía y de su propia honra ha hecho en defensa del presupuesto: revisar los artículos de la Constitución y descubrir que “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función Judicial”; que “la función Judicial goza de autonomía administrativa, económica y financiera”; que “el Consejo de la Judicatura es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función Judicial” y que “la reducción del presupuesto de la función Judicial constituye obstrucción de la administración de justicia”.

Los autores del comunicado no son consistentes. Dicen que “la reducción del presupuesto provocará el colapso de la función Judicial”, pero al final aseguran que “pese a las limitaciones presupuestarias impuestas, seguirán aplicando el principio de dar a cada uno lo que es suyo, de acuerdo con la Constitución y leyes de la República”. Califican la reducción del presupuesto como violación constitucional, obstrucción a la administración de justicia, atropello a la seguridad jurídica y a la autonomía de la función Judicial y, sin embargo, no resuelven nada ni actúan en concordancia con lo que dicen. Se limitan a denunciar ante la opinión pública el atropello. El Presidente ha dicho que no les dará un cheque en blanco. Tendrán presupuesto, según parece, cuando la administración de justicia haga lo que espera el Ejecutivo.

El período de transición ha sido largo y penoso para la justicia; el cambio de leyes y de personas no basta para cambiar la justicia; el problema es complejo y la solución exigirá tiempo; que sin jueces profesionales, honrados e independientes, no habrá ni justicia ni democracia en el Ecuador.

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