30 de marzo de 2015 19:49

CNE admitió a candidatos que incumplen la norma

El CNE armó una Comisión de Apoyo para verificar los documentos de los candidatos. Foto: Cortesía / CNE.

El CNE armó una Comisión de Apoyo para verificar los documentos de los candidatos. Foto: Cortesía / CNE.

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Estefanía Celi R.
eceli@elcomercio.com

Cinco certificados de responsabilidades de la Contraloría han despertado los cuestionamientos en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ese organismo está a cargo del concurso público de méritos y oposición para la renovación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) que, además de tarde, avanza en medio de dudas y críticas.

Son 85 los postulantes a una de las siete consejerías que superaron la primera fase, de admisibilidad. En esta, la Comisión de Apoyo se encargó de revisar que los candidatos presenten todos los documentos y cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Sin embargo, cinco pasaron sin cumplir con uno de los principales requisitos para ser miembro del Cpccs: acreditar probidad notoria.

Diego Guzmán, Manuela Cobacango, María Luisa Meza, Jenny Mero y Ángel Guamán (ver ficha) tienen algún tipo de responsabilidades administrativas, civiles o indicios penales, según la Contraloría. Los documentos fueron presentados por David Rosero, actual consejero del Cpccs, y verificados por este Diario en el organismo de control. Los certificados tienen fecha entre el 16 y el 17 de marzo.

Pero los que ellos presentaron para el concurso, hasta el 5 de marzo, dicen lo contrario. La razón es que la información sobre las responsabilidades cambia constantemente y por ello los documentos tienen una validez de cinco días, es decir que para cuando el Pleno del CNE aprobó el informe de admisibilidad, el 19 de marzo, estos ya habían caducado.

Además, los postulantes conocían que tenían un expediente en la Contraloría, pues son notificados para que presenten pruebas de descargo antes de que se determine la responsabilidad civil, administrativa o los indicios de penal.

Si el CNE verificó o no que la información de los documentos cambió, no se aclara hasta el momento. Este Diario solicitó una entrevista con el presidente de la Comisión de Apoyo del CNE, René Maugé, pero no obtuvo una respuesta.

Para Rosero, esta acción golpea fuertemente la imagen del órgano electoral y toda la legitimidad del concurso. Él señala que era tarea del organismo realizar la verificación de que la información presentada es real, tal como el Cpccs ha hecho en otros concursos.

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, se refirió brevemente al tema en la última sesión del Pleno, el viernes anterior. Dijo que no se puede referir a casos puntuales pero que se podrá presentar estos documentos en la etapa de impugnación ciudadana.

Pero para esto hay un inconveniente. El CNE no ha colgado en su página web los expedientes completos de los concursantes; a pesar de ser un concurso público, como la Constitución establece, solamente está disponible el formulario de su postulación.

En el CNE se informó a este Diario que si una persona desea revisar el expediente de algún postulante, debe enviar una solicitud con firma de responsabilidad. Pero para Rosero, esto es un problema pues los ciudadanos no tienen fácil acceso a los expedientes para revisar, verificar e impugnar la información presentada, de ser necesario.

Las carpetas más cuestionadas son las de Guzmán y Cobacango, ambos exfuncionarios del Régimen. Guzmán fue secretario de Transparencia y Cobacango trabajó en el Cpccs y antes fue vocal del CNE de Transición.

En el caso de Guzmán, el certificado que presentó, con fecha 23 de febrero, estaba incluso caducado, pues su postulación se hizo el 5 de marzo. Él ha calificado a estas denuncias como un “montaje perverso para descalificarme” en su cuenta de Twitter. Este Diario buscó su versión vía telefónica, sin embargo dijo que la hará pública en una rueda de prensa en los próximos días.

De su lado, Cobacango acusa a Rosero de armar un “show mediático”. Dice que los indicios de responsabilidad penal deben probarse con una sentencia y solo allí podría cuestionarse su candidatura para integrar el Cpccs.

En contexto

El Consejo de Participación Ciudadana es un organismo clave, pues se encarga de la elección de las autoridades de otros poderes del Estado, como superintendencias, consejos, Función Electoral, Procurador, Contralor y Fiscal. Cumplen funciones por cinco años.

Los candidatos

Diego Guzmán. Fue secretario de Transparencia en el actual Gobierno y gerente general del Fondo de Inversión Social (FISE), con Alfredo Palacio. Tiene responsabilidades civiles, administrativas e indicios penales en Contraloría.

Manuela Cobacango. Fue vocal del Consejo Nacional Electoral entre 2008 y 2011 y luego trabajó en el Cpccs. Aparece con indicios de responsabilidad penal.

María Luisa Meza. Es asesora electoral en el Consejo Nacional Electoral. Tiene responsabilidad civil culposa, según la Contraloría.

Jenny Mero Oña. Es asesora jurídica de la Gerencia de Yachay. Antes trabajó en otras entidades del Estado. Fue glosada con Ricardo Antón por la adquisición de materiales de oficina por emergencia. Tiene responsabilidad administrativa y civil culposas.

Ángel Guamán. Ha sido contratista del Estado y concursó para la renovación del CNE. Consta con responsabilidad administrativa culposa.

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