30 de julio de 2014 00:00

La CIDH alerta sobre riesgos para pueblos en aislamiento

En abril del 2013 hubo marchas en El Coca, en alerta de la supuesta matanza indígena. Archivo: Eduardo Terán  / EL COMERCIO

En abril del 2013 hubo marchas en El Coca, en alerta de la supuesta matanza indígena. Archivo: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los Estados de la región “a emprender acciones inmediatas que contribuyan a la protección de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario”, toda vez que se ha determinado su alta vulnerabilidad por la explotación a gran escala de los recursos naturales que hay en sus territorios.

Ayer, la CIDH publicó el informe “Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas”, en el cual una de sus principales conclusiones es que si como continente “no logramos asegurar su protección (...) enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de estos pueblos”. Entre estos grupos se encuentran los pueblos Taromenane y Tagaeri, ubicados en el Parque Nacional Yasuní, donde la Justicia investiga un reciente enfrentamiento con comunidades Waorani.

El informe asegura que en nueve de las 12 naciones sudamericanas existen pueblos en aislamiento voluntario: Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay; así como ciertos indicios de su presencia en Guyana y Surinam. Todos ellos viven en áreas que, en conjunto, suman 9 millones de hectáreas (unos 90 000 km cuadrados) reconocidas por los Estados como territorios protegidos.

Sin embargo, para la CIDH esos reconocimientos estatales no son suficientes ante los riesgos de pérdida de su cultural, agresiones físicas, epidemias o escasez de alimentos por “las presiones derivadas de la extracción de recursos naturales (madera, minerales, hidrocarburos, etc.), en su mayoría destinados a satisfacer la demanda de las sociedades no indígenas.

El informe de esta instancia, que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluye que los distintos mapas de los bloques de explotación petrolera y de otros recursos por parte del Estado y las empresa privadas “se sobreponen o colindan con zonas intangibles o áreas protegidas”. Además, advierte que otro tipo de proyectos como investigaciones científicas, construcción de infraestructura, actividades turísticas y de evangelización también conllevan riesgos de una “amenaza a la cultura de estos pueblos”.

Bajo esas premisas, el informe elaboró 22 recomendaciones. Entre ellas abstenerse de otorgar licencias o autorizaciones para las actividades extractivas en las áreas donde está la presencia de esos grupos. O revisar las licencias ya existentes, tomando en cuenta el rechazo de estos pueblos a tener cualquier tipo de contacto con personas o grupos ajenos. “Es primordial la búsqueda, con organizaciones indígenas intermedias, del mecanismo ideal de consulta previa a fin de obtener su consentimiento”.

Un punto importante del informe tiene que ver con los conflictos interétnicos, por lo que la CIDH sugiere minimizar “los factores externos que tiendan a exacerbar la situación de tensión, y trabajar en la búsqueda de alternativas de sensibilización y prevención de hechos de violencia”.

El caso ecuatoriano

El informe de la CIDH recoge la situación de los pueblos Taromenane y Tagaeri, advirtiendo los casos de matanza del 2003, 2006 y 2013. En el punto 124 del informe, la Comisión advierte que se ha solicitado “en reiteradas oportunidades al Estado ecuatoriano y continúa haciendo un seguimiento cercano a la situación en el marco del mecanismo de medidas cautelares”.

Además, recordó que el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, pidió que las investigaciones y el proceso judicial sobre el supuesta enfrentamiento trágico entre el pueblo Taromenane y comunidades Woarani se determine una “visión intercultural”.

Sobre este tema, ayer cinco organizaciones de la sociedad civil cuestionaron a la Corte Constitucional por no haber tratado de manera prioritaria el pedido de consulta efectuado por el Juzgado II de Garantías Penales de Orellana sobre la aplicabilidad de las normas constitucionales en este caso.

La molestia de estas organizaciones sobre la presunta demora de la Corte, que en 45 días no se ha pronunciado, surge porque hay “un número indeterminado de muertos, cinco personas detenidas, nueve prófugos y dos niñas como testigos protegidos, en el marco de un conflicto aún abierto”.

“Ese silencio genera falta de tutela por parte del Estado ecuatoriano. Existe una obligación legal y moral de la Corte para que resuelva la consulta. 

En contexto
Los sucesos del 30 de marzo del 2013 reavivaron la preocupación de organismos nacionales y extranjeros sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario, como los Tagaeri y Taromenane. Estos pueblos viven en la zona intangible del Parque Yasuní.

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