7 de enero de 2017 17:40

El Gobierno dice que CIDH no tiene competencia para otorgar medidas cautelares a Villavicencio

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Ana María Carvajal
Redactora (I)

El Gobierno ecuatoriano considera que el activista Fernando Villavicencio intenta "victimizarse" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este viernes 6 de enero del 2016, la Secretaría de Comunicación envió un comunicado en el que afirma que la Comisión "no tiene argumentos para admitir petición de nuevas medidas cautelares, solicitadas por Fernando Villavicencio".

Según informó la familia de Villavicencio, el organismo multilateral solicitó información al Estado ecuatoriano sobre un pedido que hizo el activista de medidas cautelares, a raíz de que se le sentenciara a prisión por el caso de supuesto hackeo y divulgación de información de correos electrónicos de altos funcionarios.

La CIDH dio un plazo de 15 días al Estado para que envíe la información requerida sobre este proceso judicial. Villavicencio se encuentra en la clandestinidad desde que su pedido de habeas corpus fue revocado.

Según el comunicado, "Ecuador lamenta la postura de la CIDH que con sus opiniones se involucra en asuntos nacionales y, lo que es peor, asume una posición de evidente injerencia política a favor de alguien que de manera reincidente ha infringido la ley".

Además, señala que el organismo no tiene competencia en para dictar medidas cautelares y que demuestra "franco desconocimiento" del artículo 47 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos que señala que deben ser inadmitidas peticiones de medidas cautelares "cuando no expongan hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la convención, o que resulte la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia".

Villavicencio pidió a la Comisión medidas cautelares. El Estado señala como una causa la descalificación de su candidatura para asambleísta por Pichincha, por la alianza Creo-SUMA. El tema fue tratado en las tres instancias electorales: Delegación Provincial de Pichincha, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.

El activista constaba como afiliado al movimiento Pachakutik y presentó una autorización de su coordinador nacional, Marlon Santi, pero el documento no fue aceptado. Las autoridades electorales argumentaron que ese procedimiento debía hacerse con el consejo político de la organización y no únicamente con su principal.

Por ello, el Gobierno señala que se trata de un "argumento falaz" el decir que se esté impidiendo su participación activa en política y agrega que las decisiones de los organismos nacionales electorales aplicaron "legítimas decisiones".

Además, el boletín que señala que este tipo de pedidos "se basan en percepciones sesgadas que pretenden menoscabar la imagen de la nación".

Se acusa a Villavicencio de pronunciarse "como activista político de oposición en total libertad con argumentos reñidos con la verdad y la honra de las personas". Agrega que el Estado garantiza a los ecuatorianos su derecho a la participación electoral, dentro del respeto del debido proceso y las normas constitucionales.

El documento finaliza con la insistencia del Estado ecuatoriano de que la Convención Americana de Derechos Humanos señala que la CIDH "no tiene competencia para dictar medidas cautelares, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el órgano jurisdiccional que tiene esta atribución conforme en el artículo 63 de la mencionada Convención".

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