7 de May de 2015 21:26

La comunicación como un servicio público preocupa a Relatoría

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 148
Triste 1
Indiferente 9
Sorprendido 1
Contento 10
Estefanía Celi R.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedica 28 páginas de su último informe al Ecuador. Recoge los casos denunciados contra ese derecho, en el 2014.

El punto más fuerte de este documento, publicado ayer, se refiere al proyecto de enmienda constitucional que impulsa el oficialismo, con el que se busca definir a la comunicación como un servicio público.

Al respecto, la Relatoría señala que con esta consideración, el Estado asumiría facultades “exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo”.

Además, establece que la denominación como servicio público podría convertir al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en una “mera actividad sujeta a regulación por parte del poder público y a procedimientos que condicionen la expresión o difusión de ideas, opiniones e información al control gubernamental”.

Estos cuestionamientos ya fueron planteados en junio del 2013, días después de la aprobación de la Ley de Comunicación.

Entonces, la exrelatora Catalina Botero envió una carta al canciller Ricardo Patiño, en la que expresó su preocupación por el tema y otros puntos de la normativa aprobada.

Estas recomendaciones tampoco fueron tomadas en cuenta durante el trámite que hizo la Corte Constitucional para autorizar a la Asamblea Nacional, a que discuta y apruebe las enmiendas sin llamar a consulta popular.

Pero la Relatoría insiste en la jurisprudencia interamericana para señalar que las diversas manifestaciones de la libertad de expresión, que incluyen al ejercicio del periodismo. “No pueden concebirse meramente como la prestación de servicios públicos porque están vinculadas a un derecho inherente a todo ser humano”.

La delegación ecuatoriana en la CIDH no coincidió con el contenido del informe.

Ayer, la representante del país, durante el acto de presentación del informe anual de derechos humanos de la CIDH, dijo que el Estado lo rechaza pues presenta “los mismos errores” registrados en años anteriores.

“El análisis está lleno de imprecisiones, argumentos alejados de la realidad y sesgos en todos y cada uno de los apartados de la sección referente al Ecuador”.

La diplomática añadió que el documento de la Relatoría para la Libertad de Expresión evidencia el “desequilibrio financiero” con otras relatorías de la CIDH, pues tiene 449 páginas, en comparación con las menos de 10 de las otras entidades.

Con ese antecedente, dijo que resultaba “incomprensible” que la Comisión haya aprobado el informe de la Relatoría a pesar de las críticas a su financiamiento, fuentes y metodología.

“Es notablemente sesgado y no contrasta la información obtenida con todos los actores involucrados”, dijo la delegada ecuatoriana. Pero la CIDH reclamó que en las cuatro últimas audiencias, desde 2013, el Estado ecuatoriano no envió a ningún representante para dar el punto de vista oficial.

La intervención ecuatoriana concluyó con el anuncio de que se enviará por escrito “punto por punto” las observaciones y aclaraciones al documento, para “difundir información veraz a la comunidad internacional y evidenciar la falta de rigurosidad en el informe”.

Otros puntos del informe

El análisis también recoge el cierre de la página de humor digital Crudo Ecuador y las amenazas recibidas por su administrador y los de otras páginas satíricas.

Además hace un recuento de las denuncias por violación de derechos de autor en la red social YouTube que ha hecho la empresa Ares Rights para que se retiren videos referentes al Gobierno.

El documento también enumera los casos documentados de los “mensajes obligatorios” (réplicas y cadenas) que han sido transmitidos por orden de las autoridades. “Durante los últimos años, el Gobierno ecuatoriano ha utilizado de forma sostenida este tipo de transmisiones, que le permiten intervenir en los contenidos de radio y televisión sin ninguna limitación”, señala.

13 casos de estos son documentados por la Relatoría: la mayoría de transmisiones que se dieron por orden de la Secretaría de Comunicación.

Recoge también 24 sanciones emitidas por la Superintendencia de Comunicación, creada con la ley de medios en el 2014.

Al respecto, reitera las críticas contra esta normativa y señala que “si bien se trata de la imposición de responsabilidades ulteriores, la ambigüedad en los términos de la ley y la cuantía exorbitante de las sanciones impuestas podrían generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”. Para la delegación ecuatoriana en la CIDH, este tipo de afirmaciones no toman en cuenta los aspectos positivos de Ley de Medios.

Medios 

Ayer se presentó el informe anual de la Relatoría de la CIDH. El Gobierno ecuatoriano lo tildó de sesgado y poco riguroso.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (5)
No (4)