27 de octubre de 2014 21:08

CIDH oyó argumentos sobre la falta de independencia judicial

15 organizaciones sociales plantearon sus preocupaciones ante los comisionados.
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Estefanía Celi R. Redactora (I)

política@elcomercio.com

Las sillas asignadas para los representantes del Estado ecuatoriano estuvieron vacías ayer. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló, dentro de su 153° período de sesiones, dos audiencias temáticas que analizaron la situación de Ecuador.

La independencia judicial y los derechos humanos de los pueblos indígenas fueron los temas de análisis. Pero no se las pudo discutir por la ausencia de representantes del Estado. No es la primera vez que las organizaciones civiles tienen que exponer frente a los comisionados sin su contraparte. Desde octubre del 2013, las autoridades ecuatorianas han sido las ausentes en los períodos de sesiones de la CIDH.

A pesar de ello, la vicepresidenta de la Comisión, Rose Marie Antoine, expresó su decepción por la falta de alguien que hable en nombre del Estado ecuatoriano y dijo que espera su presencia en próximas audiencias.  “No es exagerado decir que en verdad nos consterna la ausencia del Estado de Ecuador en esta audiencia, en un momento en el que la Comisión está tratando de fortalecer el respeto de los derechos humanos”, dijo.

La ausencia de autoridades nacionales en este tipo de citas se enmarca en una serie de cuestionamientos que impulsa el país contra la CIDH. En especial, las críticas se centran en el hecho de que su sede se encuentra en Estados Unidos, porque ese país no es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño no considera que la asistencia a estas citas sea necesaria cuando se trata de un organismo “desprestigiado” como la CIDH. “No nos vamos a prestar al show de grupitos”, dijo. Además, no es obligación del Estado atender esas reuniones, según la asambleísta Gina Godoy (AP), vicepresidenta de la Comisión de Justicia.

Ayer, 27 de octubre, 15 organizaciones sociales estuvieron presentes en la sede del organismo, en Washington para presentar sus argumentos sobre lo que consideran violaciones a los derechos humanos. Solicitaron que los comisionados realicen una visita ‘in situ’ para constatar el estado de la independencia judicial y de los pueblos indígenas en el país.

Estas visitas ya han sido propuestas en ocasiones anteriores, pero no han llegado a concretarse porque es necesaria una invitación formal del Estado, algo que no ha ocurrido.

La petición de una visita fue realizada ayer por Enrique Herrería, titular del Observatorio de Derechos y Justicia. Él solicitó que se fije una fecha, en la que los comisionados puedan evaluar la situación de la independencia judicial en el país.

Las críticas en este aspecto se centraron en las sanciones a jueces y en procesos polémicos como los casos relacionados con la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y con la protesta social.

Pedro Granja, de la Federación de Abogados, detalló juicios en los que se evidenciaría la interferencia del Ejecutivo en la Justicia a través de presiones y amenazas.

Además, solicitaron a la Comisión que derogue la figura del ‘error inexcusable’, que se ha utilizado para destituir jueces en lo que podrían ser “verdaderas revisiones jurisdiccionales” llevadas a cabo por un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura.

El comisionado José de Jesús Orozco aseguró que han tenido conocimiento de estos cuestionamientos, sobre todo porque se ha dado seguimiento al informe de la Veeduría a la reforma a la justicia, que alertó sobre estos temas.

En la segunda audiencia temática, se abordó los derechos de los pueblos indígenas en cinco ejes: educación, pueblos en aislamiento voluntario, criminalización de dirigentes, consulta previa y justicia indígena.

Verónica Yuquilema, de la Fundación Inredh, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional en el caso La Cocha. En esta se determinó el uso de la justicia ordinaria para juzgar un crimen que ya fue sancionado bajo la justicia ancestral. “El Estado ha forzado a los pueblos y nacionalidades a acudir a justicia ordinaria”, dijo.

De su lado, los representantes del colectivo Yasunidos expusieron sobre el proceso de consulta popular que impulsaron y que no prosperó. Patricia Carrión, miembro del grupo, señaló que hubo una serie de problemas que habrían vulnerado su derecho a la participación política. “No nos sorprende (las denuncias) porque hacemos un monitoreo continuo. La Comisión hará lo posible para que el Estado respete los derechos en relación a los pueblos indígenas”, señaló Antoine.

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