3 de noviembre de 2015 00:00

El Ciadi redujo en 40% la multa por caso Oxy

La profesora Brigitte Stern fue la árbitra dentro del Tribunal del Ciadi que estuvo en contra de condenar al Ecuador, mientras que el procurador, Diego García, ha liderado la defensa en el arbitraje contra Occidental (Oxy) y el pedido de anulación. Fotos:

La profesora Brigitte Stern fue la árbitra dentro del Tribunal del Ciadi que estuvo en contra de condenar al Ecuador, mientras que el procurador, Diego García, ha liderado la defensa en el arbitraje contra Occidental (Oxy) y el pedido de anulación. Fotos: Captura/ Archivo.

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Alberto Araujo
Redactor (I)
albertoa@elcomercio.com

El litigio contra Oxy llegó a su fin. Ecuador deberá pagar una indemnización a favor de la petrolera de USD 1 061,7 millones fuera de intereses y costas judiciales y el Gobierno ya presentó una propuesta para cancelar este pago.

En las primeras horas de la tarde de ayer 2 de noviembre de 2015, la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado de prensa en el que indicaba que el Comité del Centro de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial determinó que el laudo contra el Ecuador del 2012 era parcialmente nulo.

Ese año, el país fue condenado por un Tribunal Arbitral del Ciadi al pago de USD 1769,6 millones más intereses por haber declarado en mayo del 2006 la caducidad del contrato de Occidental (Oxy) para la explotación de petróleo en el bloque 15.
El gobierno de Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato con Oxy al argumentar que la petrolera cedió el 40% de los derechos de su contrato a la firma AEC (luego Encana) sin autorización del Ministro de Energía.

Esta falta era sancionada con la caducidad del contrato, según la Ley de Hidrocarburos.

Pocos días después de esa sentencia en contra del país, en octubre del 2012 el Ecuador presentó un pedido de nulidad del fallo del Tribunal Arbitral por lo que se conformó un Comité de Anulación que resolvió ayer finalmente ese pedido.

Este comité concluyó que el laudo del 2012 es parcialmente nulo al haber incurrido en la causal de manifiesto exceso de poder debido a que el Tribunal Arbitral asumió jurisdicción sobre la inversión ahora perteneciente a Andes (y antes a AEC), según la Procuraduría.

La anulación concordó con el argumento del Ecuador de que a Occidental solo le correspondía el 60% del valor de la indemnización, al haber cedido el 40% de sus derechos a AEC (luego Encana y Andes).

De esta manera, el Comité de Anulación revocó la decisión del Tribunal Arbitral de otorgarle a Oxy el 100% del valor de la indemnización, según la Procuraduría, “beneficiando a la compañía por su propia infracción y ejerciendo jurisdicción sobre un tercero ajeno a la controversia”, que no estaba protegido por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos que Oxy invocó en la demanda arbitral.

Con ello, la indemnización se redujo de USD 1 769,6 millones a 1 061,7 millones a favor de la petrolera estadounidense Oxy, lo que significa una disminución del 40% del monto inicial.

No obstante, la Procuraduría concluyó que el monto final implica una reducción del 68,5% de la indemnización pretendida por Oxy cuando interpuso la demanda ante el Ciadi que ascendía a USD 3 370 millones.

El procurador General del Estado, Diego García, dijo en el comunicado que la disminución en la indemnización se logró gracias a los argumentos jurídicos de la defensa de la Procuraduría “en medio de un proceso arbitral cuestionado y de un Tribunal que se extralimitó en sus competencias, como lo señaló con su voto disidente Brigitte Stern”, árbitra de la parte ecuatoriana.

Dentro de ese voto disidente, Stern dijo que el laudo a favor de Oxy no tomó en cuenta “la importancia que tiene para cada Estado la observancia de su orden jurídico por parte de las empresas extranjeras”.

La decisión del Comité de Anulación, sin embargo, no atendió otros argumentos de la defensa ecuatoriana del pedido de nulidad. Entre ellos, la falta de competencia del Tribunal, al no ser la caducidad materia arbitrable; que los reclamos de Oxy fueron prematuros; y que el Tribunal se atribuyó una competencia que no tenía al declarar desproporcionada la sanción contemplada en la norma del derecho ecuatoriano.

En su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa destacó como un logro la reducción del 40% de la indemnización original a favor de Oxy pero no dejó de calificar la sentencia como un atentado a la soberanía del país.

“Ya hemos presentado una propuesta a Oxy y con el laudo definitivo, continuaremos negociando”, dijo Correa.

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El exministro de Energía, Fernando Santos Albite, indicó que con costas judiciales e intereses el monto final a pagar a Occidental podría ser de unos USD 1 600 millones.

Señaló que se le podría invitar a la compañía a explotar un campo del Estado o que se le podría pagar con crudo y entregar un volumen de alrededor de 30 000 barriles al día.

Para el consultor jurídico en temas petroleros, Leonardo Sempértegui, pese a la reducción de la indemnización, el Comité de Anulación debió ratificar el argumento de que la caducidad fue una sanción desproporcionada contra Oxy y que ella estuvo motivada no por razones jurídicas sino por un impulso político. De lo contrario, la decisión habría absuelto al Ecuador, indicó.

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