16 de November de 2014 21:49

La reforma educativa en Chile tropieza

La presidenta Bachelet (izq.) escucha a padres y a alumnos de la Escuela Municipal Risopatrón, en Santiago. Bachelet afirmó que se harán los ajustes necesarios a la reforma educacional. Foto: EFE / ALEX IBAÑEZ / FOTO PRESIDENCIA

La presidenta Bachelet (izq.) escucha a padres y a alumnos de la Escuela Municipal Risopatrón, en Santiago. Bachelet afirmó que se harán los ajustes necesarios a la reforma educacional. Foto: EFE / ALEX IBAÑEZ / PRESIDENCIA

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Redacción Mundo. AFP (I)

Padres en pie de guerra, estudiantes desilusionados, un tenso debate en el oficialismo y denuncias de “campaña del terror”. La reforma educacional, el programa estrella del segundo gobierno de Michelle Bachelet en Chile, atraviesa un momento crítico.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del fin al lucro, la selección de estudiantes y el financiamiento compartido entre padres y el Estado en colegios, nadie parece haber quedado conforme.

“La reforma educacional ha tenido bastantes retrocesos en el Parlamento. Pareciera ser que finalmente no se quiere erradicar el mercado de la educación, sino más bien regular algunos aspectos”, dice a la AFP Melissa Sepúlveda, presidenta de la poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

“Se está terminando con la educación de nuestros hijos y afectando directamente a la clase media y vulnerable de este país”, señala Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados, que consideran demasiados los cambios. El rechazo a la encarcelación de dueños de colegios subvencionados que obtengan ganancias de capital irritó a estudiantes, que piden un cambio radical al modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Iglesia, la derecha opositora, asociaciones de padres y la oficialista Democracia Cristiana (DC) criticaron la prohibición de que estos colegios paguen arriendos por su infraestructura, una salida con la que se buscaba que escuelas -principalmente de congregaciones religiosas- pudieran seguir funcionando. Por medio del arriendo, hoy muchos dueños de colegios retiran cuantiosas utilidades. Tal como se aprobó, los colegios subvencionados deberán ser dueños de los inmuebles, lo que los obligaría a comprar los edificios para seguir funcionando o cerrar. A estas escuelas asiste más del 50% de la matrícula.

Tensión en el oficialismo

Con cientos de marchas, los estudiantes pusieron la educación al frente del debate, exigiendo que sea pública, gratuita y de calidad, en un país con un sistema al extremo segregado, sin gratuidad universitaria y donde, a nivel escolar, son cada vez menos quienes asisten a colegios públicos gratuitos.
Bajo la promesa de reformar profundamente el sistema, la socialista Michelle Bachelet obtuvo la reelección con un abrumador 62% de los votos.

Pero tras ocho meses en el poder, las aguas están más que agitadas para ella. A la férrea oposición de la derecha se suma ahora una tensión en la coalición oficialista, la Nueva Mayoría, donde conviven socialistas, democratacristianos y comunistas, con distintas visiones sobre la profundidad de la reforma educativa.

La DC es más cauta. Varios de sus dirigentes son dueños de colegios subvencionados.

“La reforma está atravesando un momento complicado. La tensión es muy grande, porque hay desacuerdos muy profundos en los temas de fondo”, dice a la AFP Max Colodro, analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En señal de molestia, la DC convocó a un Consejo Nacional Extraordinario para analizar el futuro de la reforma, que pasará ahora al Senado, donde se anticipa un tenso debate.

En este escenario, padres de colegios subvencionados protagonizaron la semana pasada una multitudinaria marcha en contra de la reforma, replicando las manifestaciones en favor de los cambios realizadas por estudiantes. Su temor es que estos colegios -unos 5 000- cierren o se conviertan en particulares pagados, elevando considerablemente sus aranceles. Hasta ahora, no hay datos oficiales sobre el número que podría cerrar, aunque agrupaciones de padres cifran los cierres en un 80%.

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