4 de April de 2010 00:00

Chevron

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Grace Jaramillo

Indigna la capacidad de acción, presión e influencia de compañías internacionales como Chevron ahora y Texaco antes.  No  solamente está la afectación a las comunidades indígenas de la Amazonía, reportada insistentemente por la comunidad internacional como una de las más graves de la historia, porque no solo terminaron con grandes extensiones de biodiversidad sino con la salud de comunidades humanas, usando tecnología para la fecha 1972-1990 que no hubieran usado ni se les hubiera permitido usar en sus países de residencia. También está la forma cómo han garantizado –según documentos de la propia Procuraduría ecuatoriana- que los juicios se dilaten indefiniblemente, tal vez pensando que un gobierno favorable les iba a ayudar en su litigio, tal vez pensando que efectivamente podrían demostrar que la justicia ecuatoriana les ocasionó a ellos “daños y perjuicios”, mas no ellos a las comunidades amazónicas. Pero lo que más indigna es que sabíamos con qué actor internacional estábamos jugando y no hicimos nada por muchos años. ¿Cuántos fiscales, procuradores, jueces, presidentes de Corte Suprema, presidentes de Petroecuador y cientos de burócratas tuvieron el caso en sus manos? ¿Qué hicieron? O, mejor, ¿qué cosas no hicieron? ¿Cuánto dinero o intereses estuvieron de por medio? Y su responsabilidad está a la vista, un fallo que va a costarnos a todos. ¿La responsabilidad ahora es de Fuenteovejuna verdad? Hay más procesos pendientes en el sistema internacional y en todos puede pasar lo mismo porque la estructura sigue inalterable: tenemos un Estado recién en construcción, sin estrenar, cuyos funcionarios hacen méritos todos los días para que pase lo que ahora describimos: desde una Procuraduría (no hablo de la actual porque tal vez está apenas recogiendo los platos rotos) que ha fallado sistemáticamente,  un abogado de la propia Presidencia  diciendo que “los jueces ecuatorianos son la mayoría corruptos” -frase seguramente citada por los abogados de Chevron en la Corte-, pero lo más grave de todo: unos funcionarios de CEPE, luego Petroecuador y del Ministerio del ramo que no previeron la crisis por décadas esta crisis.Ojalá aprendamos la lección. No tener Estado puede resultar significativamente costoso para un país que busca a gritos desarrollarse. Estado significa construir un sistema de gobierno de largo plazo, con un poder judicial independiente de toda presión política y económica, consistente, respetuoso de las decisiones contractuales, pero también de las políticas nacionales para su población más vulnerable. No tener un sistema judicial eficiente, transparente, nítidamente creíble,  le ha costado y le seguirá costando al país miles de millones de dólares. Pero  es mejor prevenir un conflicto que tratar de solucionarlo, así también construimos Estado y eso sí el actual Gobierno todavía no lo ha aprendido.

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