25 de febrero de 2016 18:54

Los casos Ramírez y Acacho figuran en el informe regional sobre derechos humanos

Los casos de Javier Ramírez y Pepe Acacho fueron consideradas como "criminalización de los defensores de derechos humanos", en un informe presentado en México. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO

Los casos de Javier Ramírez y Pepe Acacho fueron consideradas como "criminalización de los defensores de derechos humanos", en un informe presentado en México. Fotos: Archivo/ EL COMERCIO

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En el informe ‘La criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina’ se registran dos casos ecuatorianos: Javier Ramírez y Pepe Acacho. El documento fue presentado por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, en México, este jueves 25 de febrero del 2016.

En un comunicado de prensa se señala que el informe toma como referencia casos concretos de defensores de derechos humanos criminalizados en ocho países latinoamericanos: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.

“Criminalizar y hostigar a quienes defienden los derechos humanos y los derechos a la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado, por lo que resulta fundamental que los jueces y fiscales de América Latina no sean cómplices de la indebida criminalización de defensores de derechos humanos”, señaló el Observatorio.

Además, se señala que en los casos de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú descritos en el informe, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los líderes y dirigentes comunitarios contribuyó a la desestructuración de sus movimientos. También, el informe subraya el rol clave de las empresas y del poder judicial en la criminalización de los defensores.

Al referirse al caso de Darwin Javier Ramírez, defensor de los derechos de la tierra y presidente de la comunidad de Junín, en la zona de Intag, el informe señala que lleva 20 años de lucha y que como parte de esta acción se “ha opuesto a un proyecto conjunto de la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami) y a la empresa chilena Codelco.

Mientras que en el caso de José (Pepe) Acacho señalan que el 30 de septiembre de 2009 las comunidades indígenas de Morona Santiago, protestaron contra el Gobierno exigiendo ser consultadas en torno al Proyecto de Ley de Aguas, evento en el cual muere el indígena Bosco Wisuma.

A partir de estos hechos, el señor José (Pepe) Acacho González, presidente de la Federación Shuar y seis indígenas más fueron procesados por terrorismo organizado, tipificado en la normativa penal vigente hasta agosto de 2014…”. En ambos casos hubo sentencias de jueces.

Lea el informe completo aquí.

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