27 de septiembre de 2017 12:23

Casos tratados por exjueces terminaron en fallos similares o cuestionados

El juez explicó que recurrió a esa excepción que le otorga la ley de Montana para "estimular y promover la superación del delincuente, su rehabilitación y su reintegración en la comunidad". Foto: Flickr

Los fallos de exjueces destituidos han sido cuestionados por el Consejo de la Judicatura. Foto: Imagen referencial/ Flickr

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Redacción Guayaquil
(I)

Con sentencias similares o fallos que hasta ahora son cuestionados por una de las partes. Así concluyeron algunos de los casos que fueron dirigidos por el grupo de 40 exjueces que denuncian una supuesta injerencia política en la Justicia.

Ellos, con el impulso de la bancada legislativa de Creo, buscan iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, cuestionado por la filtración de correos electrónicos donde presuntamente él habla con el expresidente Rafael Correa de procesos judiciales.

Uno de los casos más comentados fue el de la empresa Fondo Global de Construcción S. A., acusada por la Fiscalía por el supuesto delito de lavado de activos. La exjueza Madeline Pinargote, destituida de la Función Judicial en 2015, fue la encargada de tratar la causa.

En julio de 2014, la entonces funcionaria declaró la nulidad de lo actuado por la Fiscalía. En ese proceso se incluye un allanamiento realizado a las oficinas de la empresa y la incautación de USD 57 millones de su patrimonio.

Su destitución se dio por haber incurrido en un error inexcusable al pretender la devolución del dinero a la compañía sin competencia para hacerlo, según explicaron autoridades de la Judicatura.

La Fiscalía interpuso un recurso de apelación contra lo resuelto por Pinargote, que fue negado el 4 de septiembre de 2014 por los jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial del Guayas.

Luego el caso pasó a manos de la jueza María Jaramillo. Ella dictó el sobreseimiento de Álvaro P., Luis Z., Amir N. y Luis S., cuatro ejecutivos de la empresa.

La Fiscalía también apeló la decisión de Jaramillo. Pero finalmente los jueces Fabiola Gallardo, Johan Marfetán y Manuel Suárez, negaron la apelación y ratificaron el dictamen de Jaramillo.

En marzo de 2016, el juez penal de Guayaquil, Galo Ramos Viteri, negó una nueva apelación de la Fiscalía que buscaba evitar la devolución de USD 56,4 millones, ratificando además el sobreseimiento de los directivos.

El abogado de Fondo Global, Jorge Zavala Egas, informó que al momento no existen acciones penales contra sus clientes. “Los fondos fueron devueltos por el Banco Central del Ecuador al Ministerio de Finanzas y el ministerio devolvió a la empresa a través de la banca privada”.

Sostuvo que la Fiscalía finalmente reconoció la decisión judicial. “Todos aceptaron. La Fiscalía, los jueces y los ejecutivos estuvieron de acuerdo”.

A Richard Proaño, en sus funciones como juez temporal de la Niñez y Adolescencia en 2011, le tocó tratar un juicio de pensión de alimentos en contra de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas y quien es investigado por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

La madre de la menor y excónyuge de Rivera, Amparo Gómez, ha intentado infructuosamente conseguir un incremento en la pensión. Según contó, el caso empezó en abril de 2008. “Yo aporté todas las pruebas, estados de cuenta, contratos, todas las actualizaciones de transferencia que él hacía”.

En septiembre de 2008 la jueza Alemania Centeno, del juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia, fijó en USD 600 la pensión alimenticia. Gómez apeló el dictamen y desde entonces el caso ha pasado por varios jueces hasta que fue sorteado a Proaño.

Él fijó la pensión alimenticia en USD 4 000. Pero Rivera presentó una demanda de recusación contra Proaño antes de que él dictara la sentencia. Esto llevó a la destitución del funcionario.

Después de Proaño, el caso pasó a manos de otros jueces quienes fijaron la pensión alimenticia que debe pagar Rivera en USD 600. “Todos los jueces han tenido temor a este juicio porque los han destituido, los han amenazado”, dijo Gómez.

Actualmente el pago de pensiones se encuentra al día, según detalló. Pero considera que por los ingresos de Rivera, el valor debe ser mayor. Prepara una demanda que entablará contra los jueces que según su criterio, no fijaron un valor real en la pensión alimenticia de acuerdo a la situación económica de su expareja.

En enero de 2015, la exjueza Djalma Blum absolvió a César Monge en uno de los 17 juicios que le interpuso el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, por supuestas injurias calumniosas, cuando ambos fueron candidatos a la Prefectura en 2014.

Blum contó dos años después, en 2017, que recibió presuntas presiones de Gutembergh Vera, abogado de Jairala, para que en ese entonces fallara a favor de su cliente. Vera negó las acusaciones y cuestionó que la exfuncionaria hiciera las declaraciones tiempo después. “Esa es una declaración falsa, proterva, maliciosa, sin fundamento”, dijo el abogado.

El dictamen de Blum fue apelado por el demandante ante la Sala Especializada de lo Penal de Guayas, y los jueces de la sala aceptaron el recurso sentenciando a dos años de privación de libertad a Monge en abril del 2015. Sin embargo, meses después, en enero del 2016, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ordenó el archivo de la causa en virtud de que Jairala desistió de la acción legal contra Monge.

Un reciente caso se dio en enero de 2017. Fue la acción de protección ganada por el exalcalde de Balzar, Cirilo González, quien pretendía volver a su cargo a través de ese recurso.

El proceso fue dirigido por la jueza de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas, Daysi Aveiga. Y aunque ella no fue destituida, recibió una sanción temporal y el caso tomó notoriedad por lo que sucedió después.

En los primeros días del mes en curso (septiembre), a través de las redes sociales, se filtró un video donde un grupo de jueces, entre esos Aveiga, supuestamente recibieron indicaciones de Pedro Ortega, presidente de la Corte de Justicia en Guayas, para fallar en contra de González. El funcionario negó su participación en el video y contó que el caso aún no se resuelve y está en la Corte Nacional de Justicia.

El exalcalde lamentó el retraso del trámite. “Eso ya tiene desde enero y todavía no le dan ejecutoría”. Para González, su caso es una muestra de la supuesta injerencia política en la Justicia.

“Ellos no podían anular una sentencia constitucional”, dijo en referencia a la presunta petición a los jueces en el video.
A pocos días de la difusión del material audiovisual, el 17 de septiembre del 2017, la jueza Aveiga, quien padecía cáncer, falleció de un paro cardiorrespiratorio.

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