25 de diciembre de 2017 00:00

Caso de Emilia devela más ataques violentos

La mamá de Susana pide que se realice una investigación y que su hija sea liberada cuanto antes. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La mamá de Susana pide que se realice una investigación y que su hija sea liberada cuanto antes. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Elena Paucar
Redactora (I)

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La planilla del agua se eleva cada mes y un oficio en la puerta advierte un juicio de coactiva por una deuda de impuestos. La casa donde vivían los hermanos Adonis y Joseph, en la parroquia Muey, en Salinas (Santa Elena), está abandonada y cubierta de maleza.

Nadie la ha ocupado desde el 3 de marzo del 2016, cuando los pequeños de 4 y 6 años fueron degollados en su interior, mientras dormían.

Su padre está sentenciado a 34 años. Susana, la madre, fue acusada de omisión por no impedir el crimen y fue apresada. “Ella es inocente, fue víctima de violencia por mucho tiempo. Él quiso matar a los niños, culpar a mi hija y empezar una nueva vida con otra mujer”, cuenta la madre de Susana antes de chequear el expediente que se abrió el año pasado.

En el 2016, el Observatorio Social del Ecuador, un organismo que trabaja con Unicef y con fundaciones, reportó el homicidio de 40 menores.

De los datos revisados por este Diario, este año van 18 casos (ver infografía adjunta). El último hecho que conmocionó al país fue el de Emilia.

La madre de Susana revisa el expediente para pedir su liberación, a través de un recurso de casación. En ese documento se resumen las últimas horas de sus nietos. Al inicio, el padre testificó que un ladrón había entrado a la casa a robar el televisor y mató a los niños. La Policía descubrió que mentía.

La parroquia declaró tres días de luto. El asesinato avivó el dolor que un año antes golpeó a esta pequeña comunidad de calles arenosas. En mayo del 2015, Odalis, de 5 años, desapareció al salir de su escuela. 13 días después encontraron su cuerpo en un pozo séptico, envuelto en una sábana. La niña fue secuestrada, violada y asesinada por un familiar.

En Muey aún la recuerdan, al igual que a Joseph y a Adonis.
Para estos hermanos, la muerte fue el final de una larga historia de violencia dentro de la familia. Los vecinos del barrio Arena y Sol destacan que había continuas discusiones.

En el gabinete de Andrea, una de las amigas de Susana, recuerdan la imagen de una mujer con el rostro cubierto de maquillaje. “A veces venía con golpes y las peleas eran frecuentes, pero ella prefería ocultarlo. Yo le decía que lo denunciara”, aclara.

En los últimos cuatro años, la Fiscalía ha reportado 152 126 denuncias por violencia psicológica a escala nacional.

Christian Arias dirige la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil, una organización que pide reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia. Una de sus propuestas es garantizar la atención psicológica preventiva a las madres durante el embarazo y luego a los niños hasta los primeros años de desarrollo.

Este grupo da terapia de apoyo a Jairo Cuero y le ayudan a que supere el duelo por su hijo Christopher. El niño apenas tenía 2 años y vivía con su madre y su padrastro. Ahora, los dos están en prisión.

El pequeño murió en un hospital, el reporte de defunción especifica que sufrió taponamiento cardíaco, ruptura cardíaca, laceración hepática y del páncreas, trauma cerrado de tórax y abdomen.

En el velatorio, Cuero descubrió que el infante era continuamente maltratado.

“Pasaba en el hospital, pero nunca pensé que era porque lo golpeaban. Tiempo atrás, cuando se fracturó el brazo, me dijeron que se cayó de la cama. Ahora supe que ese hombre lo había lanzado por las escaleras”, dice Jairo.

Hasta poco después de su nacimiento, el niño y su hermana, un año mayor, vivían en la casa de su abuela paterna. Pero luego de la separación la madre reclamó la tutela.

“Ella llamaba a la Dinapen para quitarme a los niños. Si acudían a los llamados debieron intervenir para saber qué pasaba”, se queja el padre.

En el cantón Milagro (Guayas), un guardia de seguridad escuchó una conversación escalofriante entre una pareja y decidió denunciarlos. Fue en marzo pasado y esa pista abrió una investigación por el asesinato de un niño de 6 años, en septiembre del 2016.

El padrastro y la madre del niño lo ahogaron en un balde con agua. Descuartizaron el cuerpo, lo ocultaron en un congelador, quemaron las partes en una olla y las arrojaron junto al río Milagro.

El fiscal Modesto Freire ordenó ayuda psicológica y protección para otros tres hijos de la mujer, de 12, de 2 y de 9 años, quienes habrían presenciado el crimen. La Fiscalía también indagó la muerte de otra hermana, de 3 años, en el 2015. La madre relató que se había caído de una percha cuando quedó al cuidado del padrastro.

Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare, dice que en la investigación es necesario ir al origen, a las historias marcadas por una violencia generacional y naturalizada. Considera necesario empoderar a las mujeres en romper el círculo para evitar que ellas y sus hijos sean víctimas.

La abuela de Adonis y Joseph se consuela cosiendo ropa para sus demás nietos. Ella cree que la investigación no fue del todo clara porque no hubo una prueba toxicológica para averiguar si Susana fue sedada la noche anterior al crimen.

“Ese hombre le había dado una pastilla para dormir, para que no sintiera nada. Cuando despertó, mi hija estaba en ‘shock’. Cogió al niño mayor, que todavía respiraba, y pidió ayuda a la vecina, pero la acusaron de omisión”.

Sus allegados dicen que Susana estaba decidida a separarse. Justo a la mañana siguiente iba a dejar la casa, desolada, junto con sus hijos.

Los cuerpos de los niños salieron en un carro de medicina legal y ella está en la Penitenciaría de Guayaquil.

En contexto

Emilia estuvo desaparecida desde el 15 de diciembre, en Loja. Desde el sábado, la Policía comenzó a buscar a otro niño de 14 años, que desapareció en esa misma ciudad. Se trata de Juan Diego Narváez Vélez. Su imagen comenzó a difundirse en las redes.

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