17 de diciembre de 2017 00:00

Baca Mancheno: 'Podríamos abrir 20 casos adicionales por Odebrecht'

Foto: Aemando Prado / EL COMERCIO
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Geovanny Tipanluisa. Editor (I)

Entrevista a Carlos Baca Mancheno, fiscal general del Estado. 

¿Qué se viene en el caso Odebrecht luego de que el Tribunal sentenciara a Jorge Glas a seis años de cárcel?

Hay investigaciones abiertas antes de concluir la instrucción fiscal; hay investigaciones ordenadas luego de concluida esa fase y hay investigaciones ordenadas por los jueces. Pero calculamos que se podrían abrir al menos 20 casos adicionales a los que están aperturados por Odebrecht.

¿Cuándo se iniciarán estas indagaciones?

Se abrirán en las próximas horas, en los próximos días, porque es todo un tema técnico. Es decir, tiene que ver con la apertura, la investigación, los elementos encontrados. Tampoco hemos recibido la notificación escrita del Tribunal (sobre la pena de asociación ilícita). Pero incluso con el anuncio oral de la sentencia vamos a abrir las investigaciones que correspondan.

¿De qué nuevos delitos se habla en esos expedientes?

La Corte habló de ocho, que en estricto sentido ya es bastante. Pero creo que hay un par de temas que nos parece importante: lavado y testaferrismo. Aquí, el compás de investigación es más amplio. No se contrae o restringe a la persona que es la principal sospechosa, sino que permite la recolección de datos de todos sus entornos. Son indagaciones más técnicas, porque se debe llegar a un nivel de detalle en el rastro del dinero, en el seguimiento de los recursos, ¿en dónde fueron ubicados?, ¿de qué manera se incorporaron en el caudal económico? Pero eso toma más tiempo.

De lo que han podido observar, ¿qué personas estarían involucradas en estos nuevos procesos?

Abarca a personas privadas y funcionarios públicos.

Pero la Fiscalía está atada de manos, porque para aperturar expedientes por posible peculado y enriquecimiento ilícito se requiere un informe previo de la Contraloría.

Vamos a pedir en la Asamblea que se derogue esa disposición. Creemos que esa limitación impide una investigación integral de los delitos contra la administración pública. La derogatoria va a permitir que la Fiscalía pueda ejercer constitucionalmente sus potestades a plenitud.

Pero en este momento, la Fiscalía General no puede iniciar una instrucción por esos dos delitos en contra de Jorge Glas, por ejemplo.

No se puede, no.

¿Por qué se aplicó ese modelo que derivó en una imposibilidad de procesar a los responsables?

Lo que se buscaba era evitar que sin un filtro previo, que en este caso era la Contraloría, se pueda pasar al establecimiento de infracciones por peculado y por enriquecimiento ilícito. Pero en la práctica se ha comprobado que fue un modelo institucional fallido.

¿Por qué falló?

El país ha mirado con enorme estupor el hecho de que el funcionario que estaba a cargo del control estuvo involucrado en la corrupción de Odebrecht. Entonces, más allá de los diseños institucionales que se puedan tener también se requiere que las instituciones sean conducidas por personas que estén a la altura de las circunstancias del país.

En el juicio a Glas, el Tribunal estableció una indemnización de USD 33,3 millones. ¿Cómo van a cobrar esos dineros?

La reparación, en términos monetarios, está íntimamente vinculada a la sentencia condenatoria. De manera que sin esa sentencia penal no se puede activar los otros mecanismos de comiso. Lo único que se podría hacer es eventualmente tomar medidas cautelares sobre bienes. Pero eso no garantiza que la totalidad del patrimonio de la persona pueda ser producto del comiso.

Usted pide una reparación de USD 33 millones, pero la Procuraduría hablaba de 50 millones.

Hay cuatro procesados que aún están en juicio y que su audiencia se suspendió, porque están prófugos. Parte de la reparación era atribuible a ellos.

Hay otros dineros, los que Odebrecht pagó por sobornos. ¿Dónde están esos fondos?

Algunos de esos recursos están en obras privadas y en inmuebles. Otros estuvieron en tránsito en instituciones financieras fuera del país o en ‘offshore’. El Ecuador debe mejorar las herramientas con las cuales cuenta la legislación y así asegurar que los recursos financieros, capital y bienes puedan ser devueltos.

¿No hay ese mecanismo?

Ahora lo que tenemos es solo el comiso, como producto de una sentencia.

¿Cuánto se pagó en coimas?

Podría ser una cifra superior a los USD 50 millones. Una parte está en paraísos fiscales.

¿Recuperar ese dinero será difícil?

Va a ser posible, pero tendrá ciertos niveles de dificultad que habrá que superarlos.

¿Cómo hacerlo? Usted ha dicho que la Fiscalía tiene limitaciones.

Nosotros tenemos actualmente menos de cinco fiscales por 100 000 habitantes. Lo óptimo son ocho por 100 000. Tenemos un déficit muy importante de peritos psicólogos, médicos legistas, trabajadores sociales.

¿Cómo indagar así más casos de Odebrecht?

Formamos un equipo con 11 fiscales y personal técnico.

¿Dentro de todo este proceso recibió presiones?

Todo el tiempo.

¿De quién?

De todo el mundo

¿Desde Bélgica? ¿Desde Carondelet?

De todo el mundo. Es obvio, además. Es un tema tan delicado, tan extenso, tan complejo que sería absurdo pensar que no van haber presiones de todo el mundo y de toda naturaleza. Pero estamos tranquilos.

Hace no mucho tiempo fue compañero de Glas. Y ahora tuvo que acusarlo.

Yo he cumplido mi deber con el país, con la Fiscalía. Hemos llevado el tema técnicamente.

Su trayectoria 

Fue consejero político en el anterior gobierno. Presidió una comisión que investigó los hechos del 30 de septiembre del 2010. En el concurso que el Consejo de Participación organizó para elegir Fiscal obtuvo 94 de 100 puntos. Es Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la U. Central; con especialización en Derecho Penal (España).

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