23 de septiembre de 2014 13:09

En el Carchi se han cancelado USD 1,5 millones este año por concepto de pensiones alimenticias

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Redacción Sierra Norte

El retraso en el pago de pensiones de alimentos condujo este año, hasta el 15 de septiembre, a 333 padres de familia del Carchi, en el norte de Ecuador, al Centro de Detención Provisional (CDP), de Tulcán, según información de la Policía Nacional. En el 2013 fueron privados de la libertad, por esa misma causa,398 personas.

Los familiares de los demandados han debido pasar momentos de apremio, asegura Verónica A. Ella, para liberar a su esposo debió prendar un refrigerador, un equipo de sonido y otros electrodomésticos de su hogar para cancelar USD 1 000, que adeudaba su conyugue por las pensiones de un hijo que procreó fuera del matrimonio.

“Es difícil contar con esa cantidad de dinero, así que la última alternativa fue empeñar nuestras cosas”, comenta esta mujer, que ve como positivo el acuerdo firmado entre el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permite el acceso a dos tipos de crédito para pagar estas obligaciones.

En el Consejo de la Judicatura de Carchi, las estadísticas arrojan que entre enero y agosto de este año, en esta provincia por pensiones alimentarias han sido cancelados USD 1,5 millones. Mientras que están pendientes de pago USD 40 766.

Para Pedro Velasco, director provincial del Consejo de la Judicatura, el convenio con el Biess es positivo para la protección de los derechos de los infantes y adolescentes. Sin embargo, aclara que solo se pueden beneficiar que tienen relación de dependencia o poseen bienes que garantice un crédito prendario.

En los primero ocho meses del año, 1 100 demandas se han presentado en los juzgados del Carchi. De esa cifra, en 274 causas aún no se cumplen con el pago.

Según el Consejo de la Niñez y Adolescencia de esa provincia, en algunos casos los padres se niegan a cumplir con sus compromisos por desaveniencia con su expareja.

En otros, los alimentantes se trasladan a otras provincias o al extranjero o se esconden para no pagar.

Amparo Pierpuezán, jueza de la Niñez y Adolescencia, explica que el año anterior desde esa dependencia se emitieron 421 boletas de detención por incumplimiento en el pago de dos o más pensiones. En este año ya van 260.

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