27 de noviembre de 2017 19:29

Cámara judicial argentina pide a juez celeridad sobre citación a Fernández

La Cámara Nacional en lo Criminal presentaron un 'planteo por retardo de justicia' en el caso de la investigación contra la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La Cámara Nacional en lo Criminal presentaron un 'planteo por retardo de justicia' en el caso de la investigación contra la exmandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Agencia EFE

Una Cámara judicial argentina instó este lunes 27 de noviembre del 2017 al juez Sebastián Casanello a que "dé una respuesta fundada" sobre si citará o no a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) para que preste declaración indagatoria en una causa por lavado de dinero.

La petición provino de la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes presentaron un "planteo por retardo de justicia", petición previamente expresada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y coincidente con la de la Oficina Anticorrupción y del fiscal, Guillermo Marijuan.

El texto se refería a la investigación dirigida por el magistrado Sebastián Casanello, quien mantiene detenido desde hace un año y medio al empresario Lázaro Báez, uno de los principales adjudicatarios de obra pública durante los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández, su esposa.

En abril de 2016 el fiscal pidió investigar también a Fernández en el marco del mismo expediente, pero, hasta el momento, el juez no se ha avanzado en esa línea.

Casanello investiga supuestas maniobras de Báez y su entorno a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante el uso de facturación apócrifa.

Así, se habrían simulado gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado.

Una resolución judicial del pasado octubre aseguró que se probó que montaron una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos USD 60 millones, y que lograron esa finalidad a través de la adquisición de bienes por un valor de más de 2 734 millones de pesos (unos USD 160 millones del cambio actual).

Anteriormente, en mayo, se resolvió un recurso presentado por la UIF en el que cuestionaba la validez de una resolución de Casanello que no hizo lugar al pedido de citar a declarar como investigados a Fernández y al ministro de Planificación Federal (obras públicas) Julio De Vido (2003-2007), arrestado este octubre en el marco de otras investigaciones.

Se había rechazado llamar a comparecer a estos porque el pedido "no describía conductas ni pruebas" y también porque el delito de "asociación ilícita" ya está siendo investigado en otra causa, en la que sí está procesada Fernández, por el juez Julián Ercolini.

El caso que mantiene a Báez en prisión se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

Esto derivó en la orden de detener al empresario, quien fue procesado poco después junto a su hijo y los otros presuntos implicados en la trama.

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