28 de December de 2009 00:00

Caducos

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Milton Castillo Maldonado

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En la época de los alquimistas, aquellos pre-científicos que buscaban transformar el plomo en oro, la expresión “niño viejo” denotaba muerte y “viejo caduco” alguien a quien no se le podía creer, por haber gastado su sabiduría en experimentos inoficiosos y carentes de esencia.

“Los abusos son como los viejos caducos, llega un tiempo en que dejan de infundir respeto”, decía alguien.
 
La sentencia se aplica a la Supertel (Superintendencia de Telecomunicaciones) al ordenar la suspensión de dos medios de comunicación, pues se trata de un indiscutible abuso del Derecho, que a todas luces proviene del Poder Ejecutivo.

El mensaje principal intrínseco de la sanción contra Teleamazonas y  la Radio La Voz de  Arutam está dirigido a los asambleístas del Gobierno, no necesariamente a los medios de comunicación o a la oposición, pues el tema de fondo es el juego de poderes dentro del oficialismo.

Los asambleístas del Gobierno, los cuales sin excepción deben su cargo al Presidente de la República y a su gigante aparato mediático, han ido tejiendo una urdiembre de deslealtades -en criterio del Ejecutivo- al llegar a ciertos acuerdos con otros bloques para “trastocar” el texto de la Ley de Comunicación que vino de Carondelet.

Eso es imperdonable para el Presidente y por ello debe tensar la cuerda para transformar la discusión de la Ley de Comunicación (plomo) en un tema de matemáticas y de moral (oro).
Matemáticas porque tiene la mayoría en la Asamblea para aprobar la Ley; y  moral, porque en la votación se verá si están o no a favor de medios de comunicación calificados de corruptos por el oficialismo.

Claro, es la moral de los otros, no de quien está por encima de la Constitución, del bien y del mal.

La inconstitucionalidad manifiesta de la sanción no admite otro camino para su defensa que el de la Corte Interamericana.

Cierto es que existen mecanismos administrativos dentro del país para impugnar lo hecho por la Superintendencia de Telecomunicaciones o una acción constitucional de Protección, en teoría mecanismo expedito que según la nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales daría en cuatro días de presentada una decisión del Juez a favor de los derechos violados, pero en Ecuador no hay garantía de justicia.

Dicho de otro modo, “el agotamiento de los recursos internos”, requisito de admisibilidad del caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene como salvedad la no existencia de una justicia local independiente.

El abuso del Derecho por parte de los “viejos caducos” les traerá responsabilidades ulteriores a ellos, personalmente, y al país, en general, pues todos tendremos que pagar la irresponsabilidad de las autoridades.

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