27 de junio de 2014 21:12

Miguel Ángel Cabodevilla envía su mensaje de náufrago

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Redacción Política

El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, quien conoce a fondo el tema de los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana, envió una carta pública al presidente Rafael Correa, al cumplirse un año de creación de la comisión encargada de investigar la matanza de huaorani a los taromenane en marzo del 2013.

La intención del mensaje, como sostiene al comenzar la misiva, es la misma que haría “un náufrago en su botellita” ante “un océano peligroso”. Por eso la hace pública: para que pueda promover alguna atención nacional. Es que al entender de este misionero, la política que se está siguiendo para investigar lo que ocurrió, incluiría “un gran número de desaciertos y obstinaciones”.

Si bien reconoce que el conflicto entre los dos pueblos no tiene orígenes en este Gobierno, considera que no se puede desentender que fue un hecho que ocurrió en esta gestión.

Cabodevilla también reconoció que no está en manos del Mandatario el tema, sino en instituciones que el del Estado, como la Fiscalía General, el Ministerio de Justicia y la Corte Constitucional  (CC).

“No obstante, ni hace falta insistir en la corresponsabilidad de todos ni tampoco en la necesidad de que, una vez por todas, exista una voluntad central y eficiente en resolver el problema”, dice la carta.

La comisión del Ejecutivo fue creada por decreto. Hasta el momento no se ha hecho público el informe final.

Sus palabras son aún más duras para el fiscal general, Galo Chiriboga. Si bien el proceso comenzó enrevesado, con unos culpables detenidos y otros libres, el Fiscal habría tenido “un tardío lavatorio de manos” que terminaría “en un papelón que resulta evidente”.

El proceso judicial reposa al momento en la CC. El 16 de junio pasado, se desarrolló en esa instancia la audiencia, tras lo cual la Corte debe resolver si el tema se trata dentro de la justicia ordinaria o la justicia indígena.

Chiriboga que hay que aplicar “los principios de interculturalidad y los de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Hasta mientras, está suspendido el proceso”.

El juicio nació tras la matanza de más de 20 miembros de un pueblo no contactado en marzo del 2013, en la provincia de Orellana. Más de un año después del crimen, no hay aún una sentencia en contra de los autores.

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