5 de marzo de 2017 00:26

Dramática búsqueda de choferes fugados por las familias de las víctimas

El viernes, 3 de marzo de 2017, Johanna Navarro recordó la muerte de su hija, Doménica Ortiz. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

El viernes, 3 de marzo de 2017, Johanna Navarro recordó la muerte de su hija, Doménica Ortiz. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO.

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Fernando Medina
Redactor (I)
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El audio apenas duró cuatro segundos. Allí se escuchan las últimas palabras de Doménica Ortiz. “Familia ya estoy yendo a casita”, se oye en el celular. Media hora después, la joven universitaria de 19 años, que estudiaba Psicología, falleció tras ser impactada por una camioneta cuando viajaba desde Quito a Guayllabamba.

El viernes 3 de marzo de 2017, su madre Johanna Navarro recordó esos momentos. Vestida de negro y con gafas oscuras contó cómo desde hace seis meses busca que se sancione a la responsable, pues tras el siniestro se conoció que quien manejaba el otro vehículo era una mujer de 28 años. Ella habría invadido el carril y Navarro dice que se chocó de frente con el carro de su hija. Luego se fugó y el pasado 29 de enero la Interpol la ubicó en Colombia, pues sobre la sospechosa pesa una orden internacional de captura.

Esta es una de las medidas a las que los jueces recurren para detener a los choferes que huyen y evaden sus responsabilidades.Datos oficiales del Gobierno señalan que en el 2016 a diario 26 conductores se fugaron a escala nacional. De enero a noviembre del año pasado, 8 325 choferes escaparon luego de un accidente. En el 2015 fueron 9 561. La Policía, incluso, advierte que la fuga de conductores del lugar de los siniestros alcanza el 90%.

Esta problemática hace que los procesos judiciales se estanquen, pues en el Código Penal (art. 610) se establece la presencia obligatoria de la persona procesada para que sea juzgada y sentenciada.

Por eso, Édison Pérez comenzó a buscar por su cuenta a quien atropelló a su hijo de cinco años en el sector de Toctiuco, en Quito.El jueves se cumplieron dos años de la muerte del menor y su padre relató que el día del accidente llegaron a la liga barrial para jugar fútbol. Antes de entrar al estadio, el niño le pidió un chupete. El padre le dio dinero y vio cómo el pequeño corrió a comprar el dulce. Un taxi se subió a la vereda y lo embistió.

El niño murió en ese momento. Pérez dice que solo recuerda que abrazó a su hijo y pedía ayuda a gritos. El vehículo arrancó y 40 cuadras después el conductor lo dejó en una mecánica. Luego huyó y hasta la fecha no se sabe con certeza dónde está.

El padre del niño lo ha buscado. Por testimonios de vecinos supo que el día del accidente el chofer había tomado licor. Indagó en la liga de fútbol y se enteró que también jugaba fútbol. Ahí le dieron el carné y así conoció el nombre y el rostro.

Hace un mes, los vecinos le contaron que estaba escondido en Loreto, un cantón de Orellana. Avisó a la Policía, aunque hasta el momento no ha sido detenido. En diciembre del 2014, en Quito empezó a operar una unidad de capturadores de la Policía. Fue creada exclusivamente para detener a los choferes que escapan de los accidentes de tránsito.

En uno de los reportes de esa unidad se dice que de 3 000 boletas de capturas que estaban activadas, solo en un 15% hubo detenidos.En ese documento también se dijo que “existían falencias” en las detenciones.

En el 2012, la Policía y la Agencia Nacional de Tránsito también habían anunciado que los choferes que provocaran muertes y no respondieran serán ingresados en la lista de los Más Buscados.

Los familiares de Mireya Granda cuentan que en su caso, pese a todas las búsquedas, la persona que atropelló a la joven en el 2009 no aparece. Ellos, incluso, contrataron investigadores privados. Solo supieron que se fue a vivir a Guayaquil. Fueron a esa ciudad, pero no lo hallaron.

El Código Penal art. 417 dice que si pasan cinco años de iniciado el juicio este prescribe.

Los familiares de Roberto Arias, un joven que murió en Machala en un accidente en octubre del 2013, aún rastrean al responsable. Ellos empezaron a ir a la casa del sospechoso y se hicieron amigos de sus vecinos. Poco a poco supieron que estaba escondido en Loja.

Viajaron a esa ciudad y se enteraron que trabajaba en una discoteca. Cuando lo iban a detener huyó y ahora se sabe que está en Colombia. Si los fugitivos salen del país se los rastrea con la Interpol y para traerlos es necesario empezar un proceso de extradición.

Justamente en ese trámite está la familia de Doménica Ortiz. La investigada por la muerte de la joven fue detenida el 29 de enero pasado en Bogotá. Pero horas después fue liberada. Desde Colombia la sospechosa, quien también figura en la lista de los más buscados de Pichincha, dice que fue un accidente y que ese día salía de una reunión con amigos de trabajo. Esas declaraciones las dio a un medio de comunicación en ese país. Ahí dijo que huyó de Ecuador por recomendación de su abogado.

Actualmente, escapar es un agravante que se sanciona con la máxima pena del delito cometido. Es decir, por muerte la sanción puede ir de tres a cinco años. Pero si huyó, los jueces le aplican los cinco años luego de detenerlo.

El presidente Rafael Correa dice que las penas deben endurecerse y por eso el pasado 13 de febrero envió a la Asamblea una propuesta para reformar el COIP.

En el documento pide que se castigue con un año de cárcel a quienes se fuguen de los siniestros cuando haya fallecidos.Esa pena es adicional a la sanción por el delito cometido. En la propuesta, el Mandatario señala que “la fuga conlleva a un daño mayor o adicional” a los accidentes y debe“mitigarse”.

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