Redacción Orellana
A 5 kilómetros del centro de Nueva Loja, en la comunidad Puerto Rico, yace un botadero de basura que desde hace 13 años ha generado molestias en la salud de sus habitantes.
A 200 metros de la zona poblada, toneladas de desechos son descargados y luego compactados por una retroexcavadora. Los aleteos de gallinazos hambrientos ensordecen y no hay más que dos personas que rescatan algo de chatarra para subsistir.
“El lugar está lejos de ser un relleno sanitario, no es sino un botadero. Hay días en que el hedor llega a niveles nauseabundos, nuestros pozos de agua están contaminados y los niños, expuestos a enfermedades”. Asegura Wilmer Obando, morador del sector.
Alrededor de 60 familias y una escuela están afectadas directamente por el muladar, donde no hay indicios de tratamiento de desechos sólidos y menos aún hospitalarios. Las fundas rojas con gasas, jeringas, placentas y otros residuos son incluidos sin mayor problema junto a la basura común.
A pocos pasos de la zona de descarga emergen los lixiviados, líquidos de la basura, que se acumulan en un charco. Gradualmente son absorbidos por la tierra. En este espacio ya no existen árboles.
Los lixiviados se han filtrado hacia los pozos de agua que los comuneros ocupaban para el uso y consumo cotidiano.
El Municipio de Lago Agrio envía una vez por semana tanqueros que abastecen de agua. Pero eso no es suficiente.Oliva Alvarado es madre de familia y conserje de la Escuela Carihuirazo. Asegura que han pasado 20 días desde que el Municipio envió la última dotación. “En la escuela hay 35 niños y lo que nos dejan nos abastece para 10 días”.
Jacinto Obando es el presidente de la comunidad Puerto Rico. Tras presentar la demanda ante la Defensoría del Pueblo, acudió en segunda instancia a la Corte de Justicia de Sucumbíos. Obtuvo un amparo de protección.
Joffre Poma, alcalde de Nueva Loja, dice que a pocos días de asumir el cargo enfrentó el caso. Tiene ocho meses para solucionarlo.