27 de abril del 2016 00:00

El remezón dio lugar al ‘Bloque Democrático’

Exoficialistas como Fernando Bustamante (centro), Ramiro Aguilar, ex SUMA (lentes); legisladores de Avanza y Pachakutik son parte de la bancada. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

Exoficialistas como Fernando Bustamante (centro), Ramiro Aguilar, ex SUMA (lentes); legisladores de Avanza y Pachakutik son parte de la bancada. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Diego Puente
y Redacción Política
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Nuevas réplicas del sismo del 16 de abril se empiezan a sentir, pero esta vez en el Legislativo. En ese terreno, donde Alianza País ha anulado a la oposición con su mayoría, surgió un ‘movimiento’ desde los grupos pequeños.

La Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana por los afectados del terremoto, enviada por el Ejecutivo como económico urgente, activó ayer a 15 asambleístas.

Ellos dicen haberse unido alrededor del autodenominado Bloque Legislativo Democrático, cuyos objetivos son reactivar el papel fiscalizador de esta función del Estado, velar por la libertad de expresión, trabajar en la reconstrucción del país y exigir la constitución de un fideicomiso mixto, entre Gobierno y ciudadanía, para vigilar el manejo de los fondos que irán a los afectados.

Van por la vocalía en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que no ha reclamado la oposición. Y el oficialista Fausto Cayambe adelantó que están en su derecho.

¿Quiénes integran el bloque? Tres legisladores separados de A. País: Fernando Bustamante, Oswaldo Larriva y Ángel Vilema. Además, René Yandún, de Integración Democrática del Carchi; Ramiro Aguilar, ex SUMA ; y Grace Moreira, del PRE.

Cinco de Pachakutik: Lourdes Tibán, César Umaginga, Magally Orellana, Pepe Acacho y Milton Gualán. Y cuatro de Avanza: Gabriela Díaz, Gozoso Andrade, Fanny Uribe y Antonio Posso; no se sumó a la iniciativa Byron Pacheco.

En medio de la catástrofe que azotó a Manabí y Esmeraldas, se ha puesto a prueba no solo la calidad de las edificaciones, sino la capacidad de reacción del Gobierno. Creo, PSP, PSC y el nuevo bloque legislativo aseguran que en esta emergencia se ha medido la capacidad de reacción del Gobierno y su posibilidad de procesar los pedidos ciudadanos como eliminar las sabatinas y recortar gastos corrientes.

Ayer, la secretaria de la Gestión Política, Paola Pabón, dijo que los enlaces continuarán. No descartó que puedan hacerse ajustes. “Buscaremos la mejor forma de realizarlos”.

El presidente Rafael Correa lanzó un reto que no aceptaron sus contradictores. Si votan a favor de la nueva ley, advirtió, elimina las sabatinas y la Secretaría del Buen Vivir.

La respuesta de la oposición fue que no aceptan chantajes.
Del lado del Gobierno, Pabón cuestionó que no se critique la rendición de cuentas de los alcaldes de Quito y Guayaquil. Y destacó que en el 2015 se disminuyeron salarios, se limitó la contratación de asesores, viajes. “Si es necesario lo haremos nuevamente”.

Ciudadanos volcados a recoger donaciones también piden medidas de austeridad y exigen garantías para que los recursos que se obtengan por el aumento de dos puntos al IVA, por ejemplo, lleguen a baneficiar a los damnificados.

Odette Vergara dice no tener filiación política, integra el colectivo Plantón Solidario, que convoca a ir mañana a El Arbolito a dejar ayudas. Rechaza “que el tema de las donaciones se haya politizado” y subraya que la reacción de la sociedad ha sido efectiva.

Lo dice en respuesta a las palabras del Mandatario, quien en el último enlace señaló: “las carreteras no se van a arreglar con donaciones de latas de atún”, aunque claro admitió, “son necesarias, bienvenidas... Esto lo vamos a superar con acción colectiva organizada, institucionalizada”.

En el Legislativo, Alianza País defiende las medidas económicas temporales para levantar a las provincias afectadas. Pero incluso sus asambleístas admiten que hay que crear veedurías ciudadanas para vigilar el manejo de recursos. En eso coincidieron Soledad Buendía y Mauro Andino, aunque no creen en los fideicomiosos.

La primera planteará un sistema en línea para que la gente mire en qué se usa el dinero. Y habló de un acompañamiento de la Contraloría.

El candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, fue el primero en recomendar la creación de un fideicomiso o fondo de reconstrucción. “Así podemos asegurarnos de que no serán usados para cubrir los huecos financieros”.

Fuera de la Asamblea, otros sectores piden el archivo de este nuevo proyecto económico, que desde el lunes tramita la Mesa de Régimen Económico.

La Cámara de Comercio de Guayaquil se opone al proyecto. En su opinión es mejor bajar impuestos para reactivar la economía. Lo contrario, a su juicio, afectará la competitividad de empresas locales.

Este sector propone declarar zonas francas de inversión, firmar contratos con seguridad jurídica a 35 años, que brinden exenciones tributarias y al comercio exterior (aranceles, IVA). Así se promovería la inversión en actividades industrial, pesquera, manufacturera y turística, entre otros.

En contexto

El miércoles 20, el Primer Mandatario anunció las cinco medidas temporales para afrontar los daños que causó el terremoto. Entre otras aumentó en dos puntos el IVA por un año, contribución del 3% adicional sobre utilidades de empresas.

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