8 de November de 2009 00:00

Barrera cumple con su plan de campaña: renegociar Tababela

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Redacción Quito

La renegociación del contrato del nuevo aeropuerto de Quito fue uno de los ofrecimientos de Augusto Barrera. Luego de 100 días de gestión del Burgomaestre en  la Alcaldía, esa promesa electoral tomó forma.

El contrato firmado en 2002 entre la Corporación del Aeropuerto y Zona Franca del Distrito (Corpaq) y la Canadian Commercial  Corporation (CCC) está en proceso de revisión desde el 13 de octubre de este año. Desde el segundo día que Barrera ocupó el despacho municipal inició con los trámites para dialogar con los actores involucrados en el proyecto: la concesionaria Quiport, a cargo de la construcción de la terminal aérea en Tababela, y  los prestamistas (bancos internacionales).

Lo que está pendiente
Para Quiport,  el primer punto que  resolver es el tema de las tasas aeroportuarias. Estas   eran cobradas por la concesionaria, pero  la  Contraloría determinó que ese dinero debe ser administrado por el Municipio. Los representantes de Quiport señalaron que este dinero representa las únicas garantías para los prestamistas.
Los moradores de  los alrededores del nuevo aeropuerto firmaron con el Municipio un acuerdo para ejecutar obras.

Una de las polémicas se inició en enero de este año, cuando la Contraloría General del Estado emitió un informe sobre irregularidades en el plan financiero del contrato.  Según el documento, que es inapelable, el nuevo aeropuerto debía costar USD 312 millones y no USD  413 millones, como se dicta en el contrato firmado en  2002.

La principal sugerencia fue que se debe realizar un nuevo plan financiero  a través de  una renegociación,  ya que el proyecto se sobredimensionó en USD 100,8 millones.

El contralor Carlos Pólit  afirmó, al emitir el informe, que, tratándose de un documento  concluido y aprobado, “las recomendaciones son de cumplimiento obligatorio e inmediato, según el artículo 92 de esa  Ley”.

Pero, además, la Contraloría se refirió a los problemas ambientales y de operaciones en Tababela.  Por ejemplo, en el informe se señala que  “de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Aviación Civil, el nuevo aeropuerto, comparado con el actual, se calcula que disminuirá su capacidad operativa a un 85 ó 90%”.
En el tema ambiental también existe un conflicto por la falta de una licencia de este tipo otorgada por el Ministerio del Ambiente al proyecto aeronáutico. Quiport afirma que cuenta  con un aval   otorgado por la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente y que esta es válida, pues el propio Ministerio otorgó la competencia al Municipio para emitir licencias ambientales.
Sin embargo, esta Cartera  señaló que el aval es ilegal, pues el Ministerio es el ente encargado de emitir esos documentos. Así el reto planteado a la administración de Barrera  es solucionar temas jurídicos, ambientales, técnicos y de construcción del proyecto aeronáutico.

Por ello, desde el 13 de octubre, cuando se inició formalmente el proceso de renegociación se conformaron cuatro rondas para debatir estos aspectos. A la cita acudieron representantes de Quiport, de los bancos extranjeros y los representantes de Corpaq.  Para el Alcalde, la meta es que este proceso tenga como fecha límite diciembre.

Para iniciar las conversaciones, Barrera también planteó sus condiciones. Entre ellas, constaban que Quiport no se deje de brindar el servicio en el  Mariscal Sucre, que no se paralice la obra en Tababela. Pero, además, que las dos partes renuncien a la judicialización del proceso.

En un recorrido realizado por este Diario a la terminal aérea de Tababela se constató que los trabajos continúan. Sin embargo, algunos proveedores, quienes prefirieron no identificarse por temor a represalias, afirmaron que los pedidos de insumos han  disminuido y los pagos se han retrasado por algunos días.

La concesionaria Quiport también aceptó que pueden existir retrasos en la obra, que, según la pasada Alcaldía, debía entregarse en agosto de 2010. La renegociación planteada   por Barrera está en marcha; aunque no ha existido un pronunciamiento de los avances reales del proceso.

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