Miembros del GIR allanaron una vivienda en el sur de Quito el 12 de agosto. Allí fue detenida una supuesta red delictiva. Foto: Ministerio del Interior.
De un día al otro la sensación de seguridad desaparece. Caminar por la calle se convierte en un riesgo y no recibir noticias de sus allegados se transforma en una señal de alerta.
Hay intranquilidad. Eso es lo que sintió Juliana (nombre protegido), una víctima de extorsión, después del primer contacto con una mafia dedicada a este delito.
Agentes de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía confirman que la principal característica de estas bandas es intimidar a las personas afectadas. “Les hacen creer que están siendo vigilados o que tienen información privada”, dice un investigador.
La primera característica de las bandas es que siempre solicitan dinero a cambio de algo: no atentar contra la víctima o miembro de su familia. Los últimos operativos realizados por la Unase también revelan que los sospechosos exigen dinero a cambio de no revelar información personal como fotografías íntimas del afectado.
El contacto es a través de llamadas telefónicas a celulares, la casa o incluso el trabajo del afectado. Los números los consiguen mediante robos a casas, asaltos a personas o robos de vehículos. Detrás de estos actos, las bandas se enfocan en conseguir billeteras, celulares o cualquier documento personal para investigar a la víctima.
Pero antes de realizar la primera llamada telefónica se aseguran de conseguir información básica de la persona. Hacen seguimientos y vigilancias a sus víctimas.
Esa estrategia se evidenció después de que la Unase desarticulara, el 10 de julio pasado, una banda que era liderada por internos del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.
En un informe de esta Unidad se detalla el modo de operar. Todo iniciaba después de las visitas familiares de los privados de libertad. Los líderes de la red detectaban a los nuevos y a sus allegados. Elegían víctimas que eran sentenciadas por delitos menores y que no tenían antecedentes penales.
Los cómplices, quienes se encontraban en libertad, seguían a los familiares después de las visitas. Así conocían a sus hijos, sus casas, trabajos, colegios…
Hasta el pasado 26 de julio, en el país fueron desarticuladas seis bandas y quedaron arrestadas 19 personas.
En todos los casos, las mafias aseguraron atentar contra la seguridad de las personas.
“Me dijeron los nombres de mis hijos y me advirtieron que si no quería que les pasara nada debía entregar dinero y no llamar a la Policía”, detalla una víctima. El efecto fue el esperado: la mujer tenía miedo. Llamó al colegio de sus hijos, estaban bien, pero a partir de allí sintió angustia por no contar con el dinero solicitado.
El informe de la Unase detalla que las seis bandas exigían desde USD 2 000 hasta 60 000, que debía pagarse en efectivo o por envíos de dinero.
Las bandas operaban en Quito, Esmeraldas, Machala, Baños, Santo Domingo.
Secuestro de la víctima
Otra modalidad de estas mafias es el denominado “secuestro extorsivo”, que consisten en llevarse a la persona y solicitar una suma elevada por su rescate. Uno de los últimos casos fue el del empresario quiteño.
Él fue secuestrado el 4 de mayo pasado. 20 horas concretaron el pago de USD 160 000 con sus familiares y lo dejaron libre.
En este caso la mafia actuaba “mediante amenazas, intimidación y maltrato físico”. Así los desconocidos sometían a la víctima en su propia casa.
El miedo de perder la vida hizo que el empresario firmara cheques por ese valor, que fueron cambiados en una entidad bancaria por los cómplices. Tras obtener el dinero, los secuestradores abandonaron la vivienda de la víctima.
Tres meses después de ese incidente, la Policía detuvo a cuatro hombres, el 12 de agosto pasado. En esa madrugada se ejecutaron tres allanamientos en Chillogallo y en Chimbacalle.
“Siempre las bandas de secuestro y extorsión tienen un fin, que es conseguir dinero en las primeras 48 horas de llamar la las víctimas. Para esto usan amenazas, intimidación. Generar miedo es su principal arma”, indica un fiscal especializado en investigar este delito.
Sea una extorsión telefónica por redes sociales o después de un secuestro, los sospechosos buscan los mismos perfiles de víctimas: personas que nunca antes han tenido problemas legales, esposas o madres, empresarios, parejas infieles e incluso los dueños de mascotas que revelan sus números telefónicos a través de carteles.
Una forma de prevenir es evitar revelar información personal a terceros.
En contexto
En julio y agosto, la Policía ha informado sobre la detención de tres bandas que extorsionaban en los centros de rehabilitación en el país. En julio también fueron arrestados tres integrantes de una organización familiar, quienes habrían exigido USD 12 000 a cambio de no atentar contra la integridad de varios comerciantes.