Santiago de Chile, DPA
La presidenta Michelle Bachelet aseguró hoy que intentará responder “lo antes posible” a las acusaciones de espionaje hechas por el Perú, situación que tensó las relaciones bilaterales.
“Estamos estudiando todos los elementos y vamos a contestar lo antes posible, pero apenas tengamos una convicción respecto a esto”, sostuvo la mandataria, cuyo gobierno siempre ha negado los hechos. Bachelet además señaló que no dejará necesariamente la respuesta como una tarea para el nuevo gobierno que asuma en marzo, mes en que Chile además replicará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda marítima fronteriza del Perú.
“Chile siempre ha tenido una actitud de respeto y de diálogo con todos los países y, por cierto, con los países vecinos”, agregó. La mandataria, bajando nuevamente el tono al impasse por el supuesto espionaje, señaló que lo mejor que le puede pasar a cada país es construir una relación respetuosa y democrática. Recientemente, el canciller del Perú, José García Belaunde, dijo también que ha descendido el nivel de enfrentamiento con Chile por el supuesto espionaje.
“Digamos que la conflictividad que caracterizó el tema del espionaje ha bajado, pero está pendiente la información que vamos a recibir en su momento” del gobierno chileno, sostuvo García Belaunde. La conflictuada relación entre Chile y el Perú, cruzada por diferencias limítrofes, comerciales y bélicas, tuvo en el caso de espionaje su último hito.
El hecho surgió luego que la Justicia peruana detuviera al suboficial de la Fuerza Aérea del Perú Víctor Ariza, acusado de supuestamente vender información a Chile.
En el Perú grupos nacionalistas y de izquierda pidieron suspender relaciones y desechar el Tratado de Libre Comercio bilateral ante las denuncias.
En Chile todos los sectores apoyaron, en medio de la campaña presidencial, las masivas compras de armas por unos 4 500 millones de dólares desde el año 2000, dada la inestable relación bilateral.
Chile y el Perú están enfrentados por la soberanía de unos 35 000 kilómetros cuadrados de mar, diferendo que está anidado en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Santiago alega que la frontera está definida por un decreto unilateral del Perú de 1947, además de los tratados de 1952 y 1954, que también firmó Ecuador. Lima sostiene que esos pactos sólo tienen alcance pesquero.